La Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona pone en duda que continuar ampliando las zonas de mercado residencial tensionado y mantener las limitaciones sobre los precios del alquiler sea suficiente para afrontar el problema de la vivienda. La entidad defiende que estas medidas deben ir necesariamente acompañadas de un aumento real y sostenido de la oferta, tanto de vivienda libre como protegida.
Este planteamiento forma parte de las alegaciones presentadas por el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, conjuntamente con las organizaciones representativas de los administradores de fincas y de los agentes de la propiedad inmobiliaria, a los dos procedimientos impulsados este verano por la Generalitat.
Por un lado, el Govern plantea prorrogar la declaración actual de zonas tensionadas en 118 municipios, donde viven cerca de 5,92 millones de personas, el 72,9 % de la población de Cataluña. Por otro lado, se propone incorporar 53 municipios más a este régimen.
Según los cálculos expuestos por las Cámaras, si se tienen en cuenta también otras zonas que continúan vigentes bajo declaraciones anteriores, la regulación acabaría afectando al 86,1 % de la población catalana. La entidad considera que esta extensión obliga a plantear hasta qué punto una medida concebida como excepcional puede mantener esta consideración cuando abarca la gran mayoría de ciudadanos.
Diez nuevos municipios de Tarragona quedarían afectados
La nueva propuesta tendría una incidencia directa en las comarcas tarraconenses. La declaración incluiría Camarles, Constantí, l’Espluga de Francolí, Masllorenç, el Montmell, el Pla de Santa Maria, la Pobla de Mafumet, Salomó, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant y Vila-seca.
En cambio, dos de las principales ciudades de la demarcación, Reus y Tortosa, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la contención de rentas prevista en esta nueva declaración.
La Cámara asegura compartir la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para las personas y familias con más dificultades. Considera, sin embargo, que actuar únicamente sobre los precios de los pisos que ya se encuentran en el mercado no resuelve el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta que considera insuficiente.
Según la entidad, la regulación puede condicionar los importes de los nuevos contratos de alquiler, pero no genera nuevas viviendas por sí misma.
Más construcción, rehabilitación y agilización de licencias
Entre las medidas que plantea la Cámara se encuentran aumentar la construcción de vivienda libre y protegida, movilizar suelo disponible, agilizar el planeamiento urbanístico y la concesión de licencias y potenciar la rehabilitación del parque inmobiliario existente.
También reclama un marco que aporte más seguridad y confianza a los propietarios para que mantengan sus inmuebles en alquiler o incorporen nuevas viviendas al mercado.
Otro de los puntos de las alegaciones exige analizar los efectos que han tenido hasta ahora las zonas tensionadas. La entidad considera que, antes de prorrogarlas, la Generalitat debería evaluar cómo ha evolucionado la oferta de vivienda, cuáles de las actuaciones previstas se han ejecutado y si se han corregido los desequilibrios que justificaron inicialmente estas declaraciones.
Las Cámaras recuerdan también que la declaración de una zona tensionada debe ir vinculada a un plan específico con medidas y un calendario de actuaciones.
Finalmente, la Cámara de Tarragona defiende que el debate no debe plantearse como una confrontación entre propietarios e inquilinos. La entidad remarca que las dificultades de acceso a la vivienda afectan a jóvenes que quieren emanciparse, familias, trabajadores y también empresas que necesitan alojamiento accesible en su entorno para atraer profesionales.
Por ello, reclama combinar la protección de las personas con más dificultades con una política dirigida a incrementar de manera efectiva el número de viviendas disponibles.
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