La Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona ha manifestado su inquietud ante el reciente Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que entró en vigor el pasado 22 de marzo y establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento por un período máximo de dos años, así como un límite del 2% en la actualización de las rentas pactadas hasta el 31 de diciembre de 2027.
Este marco normativo impone a los arrendadores la obligación de aplicar tanto la prórroga como el tope en la revisión del precio cuando se cumplan las condiciones previstas, sin posibilidad de rechazo. La Cámara señala que "mientras el Decreto esté vigente, no pueden negarse a aplicar la prórroga ni el límite mencionado en la actualización de la renta".
Incertidumbre política y impacto sobre los pequeños propietarios
La entidad destaca que esta normativa aún está pendiente de una convalidación parlamentaria que podría rechazarla, hecho que genera una situación de incertidumbre porque los propietarios ya deben acatarla a pesar de no tener garantizada su continuidad legal.
Además, subrayan que estas medidas trasladan íntegramente el peso de la protección social a los propietarios, sin diferenciar entre grandes tenedores y pequeños titulares con una o dos viviendas, muchos de los cuales dependen de estos ingresos para mantener la economía familiar. En sus palabras: "la normativa parte de una visión distorsionada del mercado inmobiliario", ya que trata igual realidades muy diversas.
Después de analizar las consecuencias prácticas, la Cámara remarca que esta regulación refuerza mayoritariamente los derechos de los arrendatarios mientras limita significativamente las facultades de los propietarios. Añaden que "la prórroga automática de los contratos y el tope de las rentas pueden comportar una pérdida de capacidad de decisión por parte de los titulares", recordando que estos continúan soportando impuestos, gastos corrientes como mantenimientos o reparaciones, seguros y a menudo cargas hipotecarias asociadas a los inmuebles.
Riesgo de ausencia de vivienda disponible y propuestas alternativas
La organización también advierte sobre posibles repercusiones negativas para el conjunto del mercado si se mantiene este enfoque intervencionista sin establecer medidas compensatorias o incentivos específicos para los pequeños arrendadores. Apuntan que esto podría provocar una retirada masiva de viviendas destinadas al alquiler o bien incrementar su venta, agravando así la escasez actual.
Ante esta realidad, defienden claramente que "el problema real no es la existencia de propietarios particulares, sino la falta de vivienda suficiente para absorber la demanda creciente". Por ello reclaman políticas más integrales orientadas a ampliar el parque disponible con seguridad jurídica para todas las partes implicadas y diferenciando claramente entre grandes inversores y pequeños propietarios.
Finalmente, desde la Cámara se insiste en que cualquier reforma del mercado del alquiler debería lograr un equilibrio real entre la protección efectiva de los arrendatarios vulnerables y el respeto a los derechos legítimos de los pequeños titulares. Subrayan especialmente que muchos son personas jubiladas o ahorradoras individuales para quienes las viviendas representan un soporte básico económico: "muchos no son grandes fortunas, sino personas que han convertido una o dos viviendas en un soporte básico para su estabilidad económica".