Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad
La ocupación ilegal de viviendas no solo tiene consecuencias sobre los propietarios afectados y las comunidades de vecinos. También está condicionando el funcionamiento del mercado del alquiler. Esta es la reflexión que hace la Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona a partir de los datos oficiales sobre la evolución de las ocupaciones ilegales y de la realidad que trasladan muchos pequeños propietarios.
La entidad asegura que cada vez son más los propietarios que prefieren no poner una vivienda en el mercado de alquiler por el miedo a que pueda acabar ocupado ilegalmente. En otros casos, aquellos que han sufrido una ocupación explican que difícilmente vuelven a destinar aquel inmueble al alquiler, o bien extreman las precauciones a la hora de seleccionar a los futuros arrendatarios.
Esta situación, según la Cámara, contribuye a reducir aún más una oferta de alquiler que ya es insuficiente para dar respuesta a la demanda existente. La entidad considera que el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda no puede desvincularse del grado de confianza que los propietarios tienen en el sistema jurídico y en la capacidad de recuperar su inmueble en un plazo razonable si se produce una ocupación ilegal.
La Cámara también señala otro efecto que, sin aparecer en las estadísticas, forma parte de la realidad que trasladan muchos propietarios. Cada vez es menos habitual ver viviendas anunciadas con los tradicionales carteles que anuncian que «Se Alquila» en los balcones o en las fachadas. Según la entidad, numerosos propietarios prefieren utilizar canales más discretos de comercialización para evitar identificar públicamente que una vivienda se encuentra desocupada mientras busca un nuevo inquilino.
Para la Cámara, esta situación es especialmente preocupante porque muestra hasta qué punto la percepción de inseguridad está modificando comportamientos que hasta hace pocos años eran habituales.
La Cámara considera que incrementar la oferta de alquiler exige recuperar la confianza de los propietarios y defiende que las políticas públicas no pueden limitarse a incentivar el alquiler, sino que también deben garantizar una protección efectiva del derecho de propiedad y mecanismos ágiles para recuperar las viviendas ocupadas sin título habilitante.
La Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona sostiene que la vivienda que un propietario decide no poner en el mercado por miedo es una vivienda menos disponible para una familia que busca alquilar. Recuperar la confianza también es una política de vivienda, concluye la entidad.
