El Ayuntamiento de Tarragona ha recibido con satisfacción la resolución del juzgado de instancia número 15 de Madrid, que da la razón al consistorio en el litigio contra Metropolitan, la sociedad financiera responsable de la maquinaria del parking situado en la Part Alta. Según la sentencia, Metropolitan incumplió los términos del contrato y deberá restituir las cuotas abonadas así como los importes correspondientes a los pagos realizados a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
Datos económicos y reclamaciones municipales
El Ayuntamiento había reclamado inicialmente un total de 7.544.048,94 euros en concepto de cuotas pagadas, más 451.773 euros derivados de los impuestos y cotizaciones sociales asociadas, cantidades que ahora podrían ser recuperadas gracias a esta decisión judicial.
El alcalde, Rubén Viñuales, ha valorado positivamente el resultado del proceso: "Es una muy buena noticia para Tarragona", destacando especialmente el trabajo de los servicios jurídicos y técnicos municipales que han impulsado este proceso judicial. Además, ha subrayado que esta sentencia tiene un gran significado simbólico porque el parking Jaume I "es uno de los puntos más negros de la historia reciente" del municipio.
Recurso parcial contra el Banco Santander
Desafortunadamente para el consistorio, el tribunal no atribuye responsabilidad al Banco Santander, entidad financiera que asumió parte del proyecto en el año 2006. Por este motivo, el Ayuntamiento ha anunciado que presentará un recurso parcial con el fin de impugnar este aspecto concreto de la sentencia.
El alcalde también ha informado que se prevé recuperar entre 11 y 12 millones de euros, cifra que incluiría todas las devoluciones derivadas del caso.
Evaluación sobre futuros pasos en el espacio afectado
Ante esta situación jurídica favorable, pero aún pendiente de ultimar recursos, el Ayuntamiento estudia diversas opciones respecto al futuro inmediato del parking Jaume I. Una posibilidad es iniciar antes del desenlace definitivo el vaciado progresivo de la maquinaria instalada dentro del aparcamiento fallido.
No obstante, esta decisión dependerá estrictamente de los informes jurídicos municipales para garantizar que no interfiera con el procedimiento legal en curso. Alternativamente, se estudia construir un aparcamiento convencional aprovechando el espacio excavado, teniendo en cuenta las limitaciones vinculadas a seguridad y protección patrimonial.
Estas medidas se determinarán cuando se conozca definitivamente si es necesario mantener intactas las condiciones actuales o si será posible modificarlas tras una resolución final en este largo procedimiento judicial.
