El Ayuntamiento de Tarragona ha querido salir al paso de las críticas surgidas recientemente a raíz de la contratación de un servicio externo por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), y ha aclarado que esta actuación responde únicamente a la voluntad de reforzar el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de la plantilla y combatir el absentismo laboral, garantizando un trato equitativo entre el personal.
Según fuentes municipales, se trata de un contrato menor realizado en el mes de julio, que no requería licitación pública y que se publicará, como es preceptivo, en el listado trimestral de contratos menores durante este mes de septiembre. El Ayuntamiento recuerda que todos los procesos de contratación de la EMT son públicos y consultables a través de los canales establecidos en materia de contratación.
El consistorio también ha subrayado que, en determinadas circunstancias y siempre dentro del marco legal vigente, se puede recurrir a servicios profesionales externos para verificar situaciones específicas que puedan alterar la normalidad del servicio. Esta actuación —según explican— se hace con el máximo respeto, proporcionalidad y con el objetivo de preservar los derechos individuales y el interés general de la organización.
Además, el comité de empresa de la EMT está al corriente de esta contratación, y se prevé que todos los miembros del Consejo de Administración reciban la información pertinente en la próxima reunión.
Respuesta a las acusaciones de espionaje
Estas explicaciones llegan después de que el Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) haya denunciado públicamente la existencia de un contrato con detectives privados, reconocido por el alcalde Viñuales en declaraciones a Porta Enrere. Los republicanos han solicitado por escrito toda la información relativa al caso y exigen saber si ha habido otras contrataciones similares.
La portavoz de ERC, Maria Roig, ha puesto en duda la ética de este tipo de prácticas por parte de una institución pública, y ha lamentado lo que considera una falta de transparencia por parte del gobierno municipal. Según Roig, la presidenta de la EMT, Sonia Orts, “podría haber dado las explicaciones pertinentes cuando fue preguntada por la prensa, pero decidió no hacerlo”, y denuncia que la información tampoco se encuentra en el portal de Transparencia, “a pesar de la obligación de cualquier ente público a rendir cuentas de sus contrataciones”.
Ante estas acusaciones, el equipo de gobierno ha desmentido categóricamente cualquier práctica de espionaje, y ha advertido que “se reservan las acciones legales pertinentes contra cualquier grupo político, ente o persona que les acuse de lo que no se ha hecho”.
Un debate sobre los límites de la gestión pública
Este episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la gestión de los recursos humanos en las empresas públicas y el uso de servicios externos para controlar su funcionamiento interno. ERC alerta de que es la segunda vez en este mandato que se habla de prácticas que califican de “autoritarias” y exige la máxima transparencia.
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se defiende la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida adoptada por la EMT, reiterando el compromiso con la transparencia y el correcto funcionamiento del servicio público.
