El servicio de orientación a la mediación (SOM) que opera en los partidos judiciales de Tarragona, Valls y El Vendrell ha cerrado 2025 con un incremento significativo de la actividad. A lo largo del año pasado se registraron 148 solicitudes para acceder a procesos de mediación, una cifra que consolida la recuperación tras el descenso registrado en 2024 y que refleja un interés creciente por las vías alternativas a la resolución de conflictos judiciales.
De este total, 110 peticiones llegaron directamente a través del mismo servicio SOM, mientras que 38 fueron derivadas por abogados del turno de oficio. Los datos se han dado a conocer este miércoles durante la presentación del informe anual del servicio, elaborado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT), coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Mediación
La presidenta de la Comisión de ADR y Mediación del ICAT, Isabel Morales, ha atribuido este repunte a la entrada en vigor de la nueva normativa estatal. Según ha explicado, la Ley 1/2025 ha supuesto un “impulso muy importante” para la mediación, lo que se traduce en un aumento claro de las demandas. “Tenemos una subida bastante importante y positiva, de 66 solicitudes en 2024 se ha pasado a 110 el año pasado”, ha destacado.
La evolución de los últimos años muestra un comportamiento irregular del servicio, con 132 solicitudes en 2020, 105 en 2021, 136 en 2022, 102 en 2023, una fuerte caída hasta 66 en 2024 y el repunte experimentado en 2025. En cuanto a la distribución territorial, el partido judicial de Tarragona concentró el mayor volumen de peticiones, con 55, casi el doble que el año anterior. En El Vendrell se registraron 30, dos más que en 2024, mientras que en Valls el incremento fue especialmente destacado, pasando de 6 a 23 solicitudes. En global, se tramitaron 108 peticiones, ya que dos se redirigieron a otros partidos judiciales fuera del ámbito inicial.
En paralelo, el número de expedientes SOM —los que se gestionan internamente y se trasladan posteriormente a la Generalitat— también ha crecido de manera notable, llegando a los 280 en 2025, frente a los 226 del año anterior. Durante el mismo periodo, el servicio llevó a cabo 346 sesiones informativas. Morales ha remarcado que esta cifra se mantiene estable, lo que evidencia que la ciudadanía identifica el Colegio como un espacio de referencia donde informarse y resolver dudas antes de iniciar un proceso de mediación. “Esto quiere decir que la gente tiene una conciencia de que puede venir al colegio a pedir información, a resolver dudas y que nos tienen como un punto de referencia”, ha afirmado.
En cuanto a la tipología de los conflictos, los casos de ámbito familiar continúan siendo mayoritarios, aunque el servicio recibe solicitudes de naturaleza muy diversa. Morales también ha querido subrayar que no todos los conflictos son susceptibles de mediación y que, en muchos casos, se llega a acuerdos parciales que posteriormente deben ser homologados por los juzgados. “Por lo tanto, el acuerdo o no se debe valorar dentro de un contexto. Para nosotros es más importante la solicitud, que es donde la persona pulsa el botón de la mediación”, ha remarcado.
Otro de los retos es la derivación de casos desde los mismos juzgados. Aunque todavía no es un volumen elevado, la presidenta de la Comisión ha explicado que se está desplegando la mediación exprés dentro del ámbito intrajudicial. “Hay un programa de mediación intrajudicial donde los juzgados nos derivan aquellos temas que consideran que deberían mediar, pero ya están judicializados”, ha indicado, añadiendo que la ley de eficiencia impulsa este modelo, pendiente aún de una coordinación más estrecha con los órganos judiciales.
A pesar de los datos positivos, desde el ICAT alertan de la falta de recursos económicos para garantizar el funcionamiento del servicio. Morales ha denunciado que la nueva normativa obliga a asumir gastos, como las notificaciones a las partes implicadas, que no están cubiertas. “Podemos hacer correos certificados, llamadas telefónicas, pero el problema es que cuando tienes diferentes direcciones donde notificar y tienes que agotar todas las vías, en cuanto enviamos un burofax ya te vale 15 euros, lo tienes que poner de tu bolsillo y no salen los números”, ha lamentado. Por este motivo, ha vuelto a reclamar más recursos al Departamento de Justicia, confiando en que esta situación se pueda revertir en el futuro
