La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) ha reclamado una respuesta “contundente, coordinada e inmediata” para reforzar la seguridad en el transporte público después de la agresión que sufrió un conductor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) el pasado 5 de julio.
La entidad ha expresado su apoyo al trabajador agredido y a toda la plantilla de la empresa municipal, al tiempo que se ha adherido plenamente al comunicado difundido por el Comité de Empresa. La FAVT considera que los hechos representan “un punto de inflexión” ante un problema que, según denuncia, hace tiempo que afecta tanto a los barrios como a los servicios públicos de la ciudad.
“Ha sido la gota que ha colmado el vaso”, afirma la federación, que alerta de situaciones de intimidación, amenazas y violencia que pueden acabar condicionando el uso del transporte público. Las asociaciones vecinales lamentan especialmente que algunos usuarios tengan que evitar intervenir o denunciar determinadas conductas por miedo a posibles represalias.
Más protección para los trabajadores y los usuarios
La FAVT defiende que la seguridad de los conductores, del resto de trabajadores de la EMT y de las personas usuarias debe convertirse en una prioridad. Por ello, reclama a la dirección de la empresa y al Ayuntamiento de Tarragona que revisen y refuercen los protocolos de actuación ante episodios violentos o graves problemas de convivencia.
Entre las medidas que pone sobre la mesa se encuentran el incremento de la prevención y de la seguridad, más recursos para los profesionales y posibles cambios normativos que permitan actuar con más eficacia ante personas que agreden, amenazan o alteran gravemente el funcionamiento del transporte público.
La federación también pide más coordinación entre las diferentes administraciones, la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y el resto de organismos competentes para evitar que se repitan episodios similares.
“La violencia no puede tener cabida en la ciudad”
Más allá de las administraciones, la FAVT también hace un llamamiento a la ciudadanía para que defienda el transporte público como un espacio de respeto y convivencia, donde tanto los trabajadores como los usuarios puedan sentirse seguros.
“La violencia no puede tener cabida en nuestra ciudad”, concluye la entidad, que reclama barrios más seguros, servicios públicos protegidos y una respuesta firme ante las conductas que ponen en riesgo la convivencia.
