El Departamento de Justicia construirá dos módulos nuevos en la prisión de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona), con una capacidad total de 256 plazas para internos. El objetivo es dar respuesta al crecimiento “exponencial” de la población penitenciaria y evitar un escenario de saturación del sistema. Según el calendario previsto, las obras comenzarán a partir del año que viene (2026) y las nuevas plazas estarán disponibles en 2028, dentro del Plan Integral de legislatura de Justicia en el ámbito penitenciario.
¿Por qué Mas d’Enric?
El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha explicado que el déficit de capacidad se concentra en hombres adultos en régimen ordinario, lo que hace “necesario” incrementar plazas. Mas d’Enric se ha escogido porque dentro del perímetro del centro hay espacio y capacidad para ampliar. Los dos nuevos módulos —128 plazas cada uno— se harán con método industrializado para acortar plazos y se ubicarán en un espacio ahora en desuso, un antiguo campo de fútbol.
Población penitenciaria al alza
Espadaler ha destacado que el incremento de la actividad policial se traduce en un aumento “sostenido” de la población reclusa. En junio de 2025 la previsión era de 8.769 personas internas y, el 30 de septiembre, la cifra ya había alcanzado las 9.098. “Ahora no estamos saturados, pero si se mantuviera esta tendencia podríamos llegar a un espacio de saturación”, ha apuntado.
De la seguridad “perimetral” a la seguridad “integral”
El Plan Integral prevé dotar a todos los centros penitenciarios, en los próximos dos años, de inhibidores de telefonía móvil, escáneres corporales y tecnología antidrones. “La telefonía móvil, no autorizada dentro de un centro penitenciario, distorsiona gravemente la convivencia y permite, muchas veces, seguir delinquiendo”, ha remarcado el consejero. A pesar de la prohibición de móviles, los aparatos siguen entrando: en 2024 se intervinieron 106 en Brians 2 y 217 en Quatre Camins.
Los escáneres corporales se introducirán para reforzar los controles y mejorar la detección de objetos prohibidos o sustancias estupefacientes, más allá de los cacheos manuales actuales. En cuanto a los drones, la red de detección e inhibición pretende impedir que se introduzcan paquetes o que se tomen imágenes que “no son pertinentes ni aceptables en un perímetro penitenciario”. Espadaler admite que se trata de un reto “creciente” y recuerda que Brians ya dispone de esta tecnología. La inversión total para estas mejoras tecnológicas es de 7,3 millones de euros.
