Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad
Assumpció Castellví, alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), y su homólogo de Ascó, Miquel Àngel Ribes, han expresado su satisfacción ante el anuncio del gobierno español sobre la prórroga de funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030.
Un precedente para los municipios catalanes
Con esta decisión, los dos alcaldes consideran que se podría abrir un precedente para que se tomen medidas similares respecto a las plantas nucleares situadas en sus respectivos territorios. Según el calendario oficial, el cierre está previsto para Ascó I en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II en 2035. En este sentido, Castellví ha remarcado que "Desmantelar una nuclear implica estructura, material y personal técnico; no pueden cerrarlas todas a la vez", haciendo referencia a las limitaciones en recursos humanos especializados.
El impacto energético y ambiental en Cataluña
Ambos representantes municipales coinciden en destacar que Cataluña mantiene una notable dependencia energética de las centrales nucleares, mientras que la generación renovable actual no es suficiente para cubrir toda la demanda de electricidad. En palabras de Castellví: "Les resultaba más difícil mantener el cierre que no alargarla, que es de sentido común". Por su parte, Ribes ha añadido que "la soberanía energética del país" y la necesidad constante "de ir reduciendo las emisiones de CO2 por el bien del medio ambiente" justifican continuar con la actividad nuclear.
Perspectiva sobre el futuro inmediato de los reactores catalanes
El alcalde de Ascó ha subrayado que "la decisión del BOE no ha modificado el calendario en cuanto a Vandellòs y Ascó, así que debemos mantenernos en expectativa". Aun así, reconoce que esta resolución "aplanará el camino en ciertos aspectos". Además, ha defendido firmemente: "las mismas razones válidas para Almaraz deberían serlo también para aquí, dentro de un contexto marcado por una crisis energética severa derivada de los conflictos en Oriente Próximo", tal como ha resaltado también Castellví.
Bajo criterios técnicos y garantía de seguridad
Tanto Castellví como Ribes han insistido en que cualquier decisión final debería basarse exclusivamente en criterios técnicos más que políticos. Han asegurado rotundamente que las instalaciones nucleares catalanas son seguras. La alcaldesa afirmó: "Estas centrales pueden operar con normalidad durante tres, cinco, diez o quince años más".
Dificultades para el desmantelamiento simultáneo
Citando específicamente los obstáculos relacionados con los recursos disponibles, Castellví destacó: "No es tan sencillo como apagar una caja de cerillas; desmantelar una planta requiere estructura compleja, materiales específicos y personal altamente cualificado; si se alarga la vida útil es precisamente porque este personal no puede asumir todas las tareas a la vez". En concordancia con esta idea, Ribes puso ejemplos concretos: "Zorita (Guadalajara) tardó veinte años en completarse después del cierre; Santa María de Garoña (Burgos) está iniciando ahora este proceso después de estar parada desde 2017". Añade: "Este tipo de operaciones son largas y complejas; resulta inviable desmantelar cinco reactores entre 2030-33 o siete hasta 2035".
El impacto económico local y fondos estatales asociados
Miquel Àngel Ribes también puso énfasis en la importancia de los puestos de trabajo generados por estas centrales así como en los beneficios económicos globales para los municipios afectados. Recordó que un posible alargamiento permitiría incrementar los ingresos provenientes de los Fondos de Transición Nuclear. Estos recursos son clave tanto para asegurar un futuro viable cuando llegue el cierre definitivo como para gestionar adecuadamente el proceso de clausura y tratar los residuos radiactivos.
