Un agente inmobiliario de Miami Platja ha sido juzgado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus por una presunta agresión física a dos inquilinas durante una disputa por la devolución de la fianza de una vivienda.
Los hechos se remontan al 23 de octubre, cuando las dos mujeres acudieron a la inmobiliaria para recuperar el dinero depositado como fianza. Según la denuncia, el agente habría retenido 300 euros y la situación habría acabado con agresiones físicas y verbales.
El Sindicato de Vivienda de Reus, que ha dado a conocer el caso, sostiene que durante el incidente también se produjeron insultos homófobos. Este extremo, sin embargo, no aparecería recogido en el audio aportado a la causa, según fuentes de la organización.
La jueza descarta ampliar los delitos
La abogada de las dos afectadas había pedido que el procedimiento incluyera también presuntos delitos de coacciones y realización arbitraria del propio derecho.
La petición ha sido rechazada por la jueza, mientras que la Fiscalía ha mantenido la acusación por dos delitos leves de lesiones. El caso se ha acabado juzgando, por tanto, únicamente bajo esta calificación.
Según la denuncia, el agente inmobiliario habría cogido del brazo y del cuello a una de las inquilinas para impedir que saliera de la oficina con un documento donde constaba que no se les devolvería íntegramente la fianza. La otra mujer habría sufrido un ataque de ansiedad durante el incidente.
Intervención del SEM, Mossos y Policía Local
La situación requirió la asistencia de una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques, así como la intervención de la Policía Local de Mont-roig del Camp y de los Mossos d’Esquadra.
Este jueves, una quincena de personas se ha concentrado ante los juzgados de Reus para mostrar apoyo a las dos afectadas. Laia Martínez, miembro del Sindicato de Vivienda de Reus, ha asegurado que los conflictos por la devolución de fianzas son una situación que la organización se encuentra habitualmente y ha celebrado que este caso haya llegado a los tribunales.
“Si por 300 euros llegamos a este punto, ¿a qué puntos no se llega por cantidades económicas mucho más elevadas?”, ha advertido. El sindicato considera que hacer público el caso ayuda a visibilizar situaciones que, según denuncia, a menudo no trascienden más allá de las personas afectadas.
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