“No hemos sido los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los únicos. Detrás vendrán muchos otros países impulsados por dos fuerzas imparables: la libertad y la igualdad”. Así se expresaba el presidente Zapatero desde la tribuna del Congreso el 30 de junio de 2005. Aquel día, España se convirtió en el tercer estado en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes lo habían hecho Países Bajos y Bélgica, y días después lo haría Canadá.
Pasados 20 años, son 39 los países que lo han aprobado y aquel momento aún resuena en la historia de España. “Era el inicio de hacer un país a la vanguardia de los derechos civiles a nivel internacional”, explica Alberto Bondesio, diputado reusense del PSC en el Parlamento de Cataluña. En aquella época, Bondesio tenía poco más de 20 años, militaba en las Juventudes Socialistas y reconoce que, como parte del colectivo, la votación tuvo “un impacto muy positivo” en él.
El diputado reusense explica que aquella meta fue una demostración “de que estaba en el partido correcto”. Además, subraya que “las mejoras y los avances sociales siempre han sido abanderados por el PSC y el PSOE, junto con otros partidos, asociaciones y sindicatos”.
Aparte de los partidos, la sociedad civil y los movimientos sociales también fueron claves a la hora de empujar hacia esta dirección. Todo el mundo recuerda el peso de la figura de Pedro Zerolo, pero la historia del matrimonio igualitario también está forjada por pequeñas luchas por todo el país.
“Cuando se consigue cualquier derecho social, es el asociacionismo el que gesta la meta. Zapatero y Zerolo fueron las personas impulsoras y la voluntad política es muy importante. Sin embargo, fue un logro con tres pilares: la voluntad política, el activismo y el apoyo social”, desgrana Arual Hernández, militante y parte del equipo técnico de H2O. Esta es una entidad nacida en 1998 en el Camp de Tarragona y se ha convertido en un referente en la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el territorio. Arual Hernández destaca también que la aprobación del matrimonio igualitario puso al país en “la vanguardia legislativa” y situó a España como un estado “proderechos humanos”.
El matrimonio igualitario en Tarragona
A partir de aquel momento, el país se abrió y los matrimonios entre personas del mismo sexo se hicieron presentes en todas las provincias. En 2005, en Tarragona se oficiaron 10 bodas entre hombres y 11 entre mujeres. En total, hasta 2023 ha habido 1.196 enlaces entre personas del mismo sexo en la demarcación (576 entre hombres y 620 entre mujeres).
Aunque las bodas anuales en la provincia siempre se habían movido en la sesentena, desde la pandemia se ha consolidado una tendencia clara tanto en Tarragona como en el conjunto del Estado. Las bodas entre mujeres han cogido un fuerte impulso y han doblado a las bodas entre hombres. En 2019 las mujeres tenían una ligera ventaja 39-33, pero de 2021 a 2023 el crecimiento es evidente. 74-27 en 2021, 62-28 en 2022 y 51-28 en 2023.
Aunque no disponemos de estudios que nos puedan dar una aproximación científica sobre el tema, Arual Hernández considera que la tendencia tiene que ver con la “visibilidad de la mujer en el ámbito público”. Según la activista, las mujeres lesbianas y bisexuales están ganando “visibilidad, normalización y aceptación” en un mundo patriarcal donde siempre han sido “relegadas en el ámbito privado”. Además, se suma la posibilidad de gestar hijos de las mujeres cis y los derechos legales que proporciona el matrimonio a la hora de criarlos.
El eco de la contestación conservadora
A pesar de que el matrimonio igualitario parece un derecho más que consolidado, en aquel momento hubo una fuerte contestación en las calles. Los sectores más conservadores como la Iglesia, sumados al PP de Mariano Rajoy, pusieron el grito en el cielo. Aún más, los populares llegaron a llevar su aprobación al Tribunal Constitucional, que en 2012 desestimó el recurso con una amplia mayoría de ocho votos contra tres.
A pesar de superar esta etapa, Alberto Bondesio avisa de que el mensaje continúa presente en menor medida. “En la calle no hay manifestaciones como las de ‘la familia sí importa’, pero el mensaje está presente en los parlamentos, en las escuelas y en las redes sociales”, señala.
De hecho, esta legislatura el mismo Bondesio presentó una resolución en el Parlamento sobre los derechos de las personas LGBTI en la Unión Europea, que no disfrutó del consenso que se podría esperar. El texto pedía la protección de los derechos de las personas del colectivo, reclamaba luchar contra los discursos de odio y LGBTI-fóbicos “fomentados por la extrema derecha” y señalaba la actitud del gobierno húngaro hacia este colectivo. La iniciativa tuvo el voto favorable de todos los partidos menos PP y VOX, que se opusieron. Alianza Catalana no la votó porque no estaba presente en la comisión.
Según Bondesio, esta es una muestra más del contexto de regresión de derechos en que nos encontramos. “La oleada neoconservadora y esta internacional del odio apuntan al colectivo LGTBI entre otros”, destaca. Hay varios ejemplos en la Unión Europea. La ley antipropaganda LGTBI de Hungría y su prohibición del orgullo, la imposibilidad de inscribir a dos madres en el registro civil por parte de Italia o el claro retroceso en los Países Bajos. En este último caso, fue el primer estado en aprobar el matrimonio igualitario, pero actualmente es el país número 13 en cuanto a los derechos LGTBI. España ocupa la quinta posición, según el ranking elaborado por ILGA.
Por su parte, Arual Hernández también critica la “pequeña regresión en el ámbito social” que existe. “Esto viene de los discursos de odio, que ponen el centro de atención sobre el colectivo LGTBI, el feminismo o las personas inmigrantes. Hay mucha gente de clase obrera que se lo está tragando y piensa que el origen de su precariedad son estos colectivos”, explica.
Momento de aguantar
Todo esto crea un contexto en que el movimiento LGTBI se encuentra en un momento de resistencia. “Tenemos que tomar conciencia de que estamos ante una batalla ideológica contra los discursos del odio y la internacional neofascista”, afirma Alberto Bondesio, que también subraya el espíritu reivindicativo que está volviendo a coger el orgullo en los últimos años. En una línea similar se expresa Arual Hernández: “más que reivindicación, ahora toca resistencia para no dar un paso atrás con los derechos conquistados”.
Sin embargo, la activista cree que a la vez tienen que reivindicar los derechos del colectivo trans, que es el que “recibe más violencia y discriminación”. Aparte de las formaciones más conservadoras, Arual Hernández es también especialmente crítica con la posición de algunos sectores del PSOE, que han adoptado discursos ‘terf’ y han conseguido borrar la Q (Queer) de las siglas LGTBI al ideario del partido. Más allá de esto, también han sido muy sonados los autobuses de ‘Hazte oír’, que han señalado directamente a los menores trans.
Veinte años después, la aceptación del colectivo es amplia y el 78% de los españoles se posiciona a favor del matrimonio igualitario. Con todo, esta es una cifra que ha retrocedido ligeramente en los últimos años, fruto de la proliferación de un discurso que los sitúa en el punto de mira. Estos datos y los múltiples casos en la Unión Europea son un recordatorio de que ninguna conquista es definitiva y que los derechos, si no se protegen, pueden dar pasos atrás.
