El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha hecho efectiva esta semana la toma de posesión del edificio del Club de Mar de Sitges, culminando así un proceso judicial que se ha alargado durante tres décadas. La actuación llega después de que el pasado jueves a las ocho de la mañana expirara el plazo fijado por el juez para que la entidad abandonara las instalaciones, que ocupaba desde hace más de 70 años.
Según ha informado la junta del Club de Mar, los responsables de la entidad estaban dispuestos a entregar las llaves en aquel momento, pero "no compareció ningún representante del MITECO ni de los juzgados". Este martes, en cambio, miembros de la Demarcación de Costas, acompañados de los Mossos d’Esquadra, han irrumpido en el edificio sin que el Club de Mar tuviera constancia previa.
La entidad ha denunciado que nadie les había notificado la entrada y que la acción "ha hecho saltar las alarmas de las instalaciones, activadas por motivos de seguridad". Además, la junta ha calificado el despliegue policial de "desmesurado, como si fuera una operación de alto riesgo", y ha criticado "una puesta en escena tan excesiva como innecesaria, que ha generado tensión e incredulidad entre vecinos y socios".
Desde el MITECO, se ha colocado un cartel en la puerta principal del Club recordando que el edificio es ahora propiedad del Ministerio "en cumplimiento de una resolución judicial". El movimiento cierra así una disputa histórica entre el Estado y el Club de Mar, que durante treinta años han defendido posiciones opuestas sobre la titularidad y legalidad de las instalaciones.
El gobierno español ha mantenido siempre que el equipamiento incumple la Ley de Costas al encontrarse dentro del dominio público marítimo-terrestre. Por su parte, la entidad ha sostenido que el edificio no invade la arena y ha reivindicado el valor social y deportivo de su actividad náutica.
Aunque la primavera pasada el Estado notificó una orden de demolición, varias resoluciones judiciales la suspendieron de manera cautelar. Finalmente, el MITECO ha optado por ejecutar el desalojo como vía definitiva para recuperar la finca, poniendo punto final a una de las disputas más largas y polémicas de la fachada marítima sitgetana.
