Erika Ruiz Heredia, concejala del PSC y actual responsable de la concejalía de Infancia y fiestas no tradicionales en Sant Sadurní d'Anoia, ha solicitado al gobierno español su indulto tras ser condenada a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación de la patria potestad de sus dos hijas. La sentencia penal fue dictada por un juzgado de Barcelona, aunque la misma madre contaba con una sentencia civil que le había concedido la custodia exclusiva de las niñas.
El caso de Ruiz Heredia, nacida en 1977, es complejo y ha estado marcado por una larga disputa judicial con su exmarido, con quien estuvo casada durante 19 años. La pareja, que también compartió la gestión de un gimnasio en Sant Sadurní, tuvo dos hijas en 2009 y 2012. Después de iniciar los trámites de divorcio en 2019, un juzgado estableció una custodia compartida para las niñas, pero los conflictos familiares continuaron, y un juzgado de familia ordenó que los cuatro pasaran por terapia, según ha informado ACN.
En mayo de 2022, el tribunal concedió la custodia exclusiva a la madre, una decisión que fue ratificada por la Audiencia de Barcelona en septiembre de 2023. Los psicólogos evaluaron que este era el mejor escenario para el bienestar de las niñas, estableciendo visitas semanales con el padre en un punto de encuentro. No obstante, la situación se complicó cuando Ruiz Heredia fue condenada por el juzgado penal por no entregar a las hijas al padre cuando la custodia era compartida desde abril de 2021.
Esta contradicción entre las resoluciones civiles y penales ha llevado al abogado de la madre, Javier Benito, a comparar su caso con el de Juana Rivas, defendiendo que la única manera de resolver este conflicto sería a través de un indulto. Benito destaca que la separación de las niñas de su madre podría causar un daño irreparable a las menores, especialmente porque la hija mayor, que tiene 16 años, podrá decidir con quién quiere vivir dentro de dos años, antes de que finalice la prohibición de la patria potestad.
Desde la confirmación de la sentencia penal, las dos hijas viven con los abuelos maternos, mientras la madre ha solicitado el indulto para evitar las consecuencias legales de su condena y poder recuperar el contacto directo con sus hijas sin restricciones.
