El Parlament de Catalunya validó el pasado miércoles el Decreto ley 5/2026 de medidas urgentes en materia de transporte público interurbano de viajeros por carretera con los votos favorables de Junts, ERC, PSC y PP. Esta convalidación abre un nuevo marco para reforzar y adaptar los servicios de bus interurbano en todo el país, una oportunidad que Junts quiere aprovechar de manera inmediata para dar la vuelta a la situación de la movilidad en la Veguería del Penedès mediante una Propuesta de Resolución de cuatro puntos registrada en la Comisión de Territorio y Vivienda.
La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defendido que el voto favorable de su formación al decreto responde estrictamente a una actitud de responsabilidad institucional: “El Penedès no se podía permitir quedarse sin servicio de autobuses en plena crisis de Rodalies y con muchos pueblos que dependen absolutamente de este servicio. Había que blindar el transporte por carretera y hacerlo con todas las garantías jurídicas”.
Ortiz ha subrayado que el decreto va acompañado de un plan de mejoras para descarbonizar la flota con 1.400 nuevos autobuses en toda Cataluña, una cifra que debe servir de impulso para la veguería. “Esta renovación debe permitir incrementar frecuencias, reforzar líneas e impulsar nuevas rutas en nuestro territorio. Son unas mejoras que hace más de un año que reclamamos desde el Parlament, especialmente en corredores con graves problemas crónicos de saturación y falta de servicio como Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit-Calafell o Olivella”, ha explicado, advirtiendo que tramitarlo como proyecto de ley habría puesto en riesgo la movilidad ante la emergencia actual.
Ofensiva contra los incumplimientos y control de la flota
Para garantizar que este nuevo marco se traduzca en una mejora real, la propuesta de Junts pone el foco en el estricto control de las adjudicaciones. La diputada ha sido muy contundente a la hora de defender el nuevo redactado de la iniciativa, que exige activar los mecanismos de castigo de la Administración: “Este decreto no puede ser una prórroga automática de concesiones, sino una oportunidad para exigir responsabilidades. Por eso hemos introducido un punto específico para emprender medidas de control, de acuerdo con el régimen sancionador aplicable, ante los incumplimientos de las operadoras. Lo que queremos evitar es que las empresas dejen usuarios en la parada o circulen con vehículos deficientes y aquí no pase nada. Las concesiones no pueden ser intocables cuando el servicio falla de manera recurrente”.
En este sentido, el texto registrado insta al Govern a utilizar la vía sancionadora de manera efectiva para garantizar las obligaciones de servicio público, prestando especial atención a los problemas de capacidad, las incidencias reiteradas y el estado de la flota de vehículos.
Decidir el futuro de los autobuses desde el Penedès
Asimismo, la iniciativa reclama la revisión inmediata de aquellos corredores de la veguería especialmente afectados por la saturación, de manera coordinada con el mundo local, y exige la convocatoria —en un plazo máximo de tres meses— de la Mesa Territorial de Movilidad de la Veguería del Penedès. Este órgano deberá servir para priorizar las mejoras, estudiar nuevas rutas y evaluar el futuro de las líneas de conexión con Barcelona y el Camp de Tarragona que no cumplen los requisitos. “Las decisiones sobre movilidad no se pueden tomar solo desde un despacho en Barcelona. Los ayuntamientos y los consejos comarcales son quienes mejor conocen las necesidades de sus vecinos y deben formar parte de la toma de decisiones y del seguimiento semestral del servicio”, ha remachado Ortiz.
Proposición de ley para blindar el catalán
Paralelamente, el grupo parlamentario de Junts también registrará una proposición de ley para modificar el mismo Decreto ley 5/2026 con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios. La iniciativa plantea incorporar explícitamente como requisito necesario los conocimientos mínimos de catalán, fijados en un nivel B1, para el personal del servicio.
Ortiz ha señalado que “el catalán debe ser un requisito imprescindible en el transporte público del país. Los usuarios tienen derecho a ser atendidos e informados en la lengua propia en toda Cataluña, también en el Penedès”. Esta medida forma parte de una ofensiva legislativa más amplia de Junts que incluirá la modificación de la ley ferroviaria y la futura ley del taxi.