Para muchos trabajadores, antes y después de la jornada laboral deben experimentar un auténtico calvario con el desplazamiento para ir desde el trabajo hasta su domicilio. En ciudades con menos tráfico, este trayecto puede ser de unos pocos minutos, pero en otras localidades con un peor transporte público o con más densidad de vehículos puede significar más de 200 horas al año.
Algunas de las comarcas donde sufren más este coste de los desplazamientos laborales son el Garraf, el Berguedà u Osona, donde sus habitantes pueden superar las 12 horas semanales para ir y volver del trabajo. Según el informe 'El coste de ir al trabajo' que ha publicado UGT de Cataluña, este tiempo invertido también supone un gran impacto económico, social y vital para la clase trabajadora.
Los trabajadores de Cataluña destinan una media de 4,3 horas semanales a la movilidad laboral
Tal y como indican los datos, de media los trabajadores destinan 4,3 horas semanales a los trayectos de ida y vuelta, lo que significan más de 200 horas al cabo de todo un año. Sin embargo, hay zonas como el Garraf donde estas cifras se disparan por encima de la decena de horas a la semana, duplicando y triplicando la media de los trabajadores catalanes.
Según UGT, esta movilidad forzada implica un coste económico medio de 100 euros semanales por persona, teniendo en cuenta los gastos directos (vehículo, carburante, peajes, abonos) e indirectos (tiempo invertido), lo cual supone unos 5.000 euros anuales. De esta forma, la clase trabajadora de Cataluña destina 20.000 millones de euros cada año para ir y volver del trabajo, sin tener en cuenta unos 2.000 millones derivados de los costes sociales (contaminación, accidentes, ruido o inversión en infraestructuras).
Por si no fuera suficiente, los desplazamientos laborales son una de las principales causas de siniestralidad, ya que un tercio de los accidentes laborales son viarios. El año pasado, 33 personas perdieron la vida en la carretera cuando iban o volvían del trabajo y otras 226 sufrieron heridas graves. Por este motivo, UGT de Cataluña ha presentado una serie de medidas para reducir el impacto económico y social de la movilidad obligada, entre las cuales destacan:
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La reducción de la jornada a 37,5 horas para compactar los horarios y reducir desplazamientos.
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La ampliación del teletrabajo y la reorganización de la jornada laboral.
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La extensión de los planes de desplazamiento de empresa y la promoción de la movilidad a pie, en bicicleta o vehículos de movilidad personal.
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La mejora del transporte público, con más frecuencias de buses interurbanos y un plan ferroviario más ambicioso que incluya la línea orbital, nuevos trenes-tranvía y un tercer túnel de Cercanías en Barcelona.
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La apuesta por el vehículo eléctrico y puntos de recarga en los polígonos industriales.
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Una visión de la movilidad pública más allá de Barcelona, que refuerce conexiones como las del Penedès, el Vallès o el Berguedà.
“Los costes de la movilidad laboral no pueden recaer únicamente sobre las espaldas de las personas trabajadoras”, ha remarcado Muñoz, que ha instado a las administraciones y a las empresas a asumir su responsabilidad y a impulsar un cambio estructural en la forma de desplazarse al trabajo.