Cunit ha vivido este domingo una de las movilizaciones más tensas de los últimos meses. Un centenar de vecinos han marchado hasta el Ayuntamiento para exigir que se detenga el proyecto del camping singular con piscina de olas artificiales, una instalación que, según SOS Natura Cunit, puede convertirse en una “herida irreparable” para el municipio.
La plataforma ecologista denuncia que la piscina requerirá 23.000 m³ de agua anuales y que el consumo podría llegar hasta los 64.000 m³, con una pérdida por evaporación de 14.000 m³ al año. Unas cifras que, afirman, son insostenibles en un territorio que arrastra dos años de sequía grave.
El gobierno municipal, sin embargo, defiende el proyecto y recuerda que la iniciativa privada tiene el visto bueno de la ACA, y que la empresa asumirá la conexión con la futura depuradora de Cubelles-Cunit, de donde se abastecerá. También confirman que el primer llenado se hará con agua del CAT. “Cunit no puede seguir viviendo solo del IBI ni ser un pueblo dormitorio”, ha remarcado la teniente de alcalde, Dolors Carreras.
El futuro del “pulmón verde”, en disputa
Una de las principales alarmas de los ecologistas es el impacto que el proyecto tendrá en el entorno natural de Cal Pla, considerado el pulmón verde del pueblo. SOS Natura sostiene que la instalación "arrasará" el terreno para albergar la maquinaria que genera las olas. El Ayuntamiento replica que la empresa deberá rehabilitar la Masía Cal Pla (BCIL), abrir al público los jardines y financiar un carril bici hasta la estación.
También hay cifras muy diferentes sobre la creación de puestos de trabajo. El gobierno municipal habla de 1.500 puestos directos y 3.000 indirectos, mientras que la plataforma reduce drásticamente estos cálculos y alerta de trabajos “precarios y estacionalizados”.
Un proyecto de 40 millones que puede acabar en los tribunales
El proyecto urbanístico recibió el apoyo de casi todos los grupos municipales, con la excepción de ERC y dos concejales no adscritos. A pesar del apoyo político, SOS Natura afirma que la Comisión de Urbanismo ha pedido más documentación y no descarta llevar el caso a la justicia.
Con una inversión prevista de 40 millones de euros, el macro-camping ha abierto una fractura en el municipio: entre quienes ven una oportunidad económica y quienes temen que suponga un impacto irreparable en el territorio. El debate, lejos de cerrarse, no ha hecho más que empezar.
