Calafell quiere acabar con el desorden del cableado en las fachadas con una nueva ordenanza

La normativa prioriza el soterramiento de las nuevas instalaciones, obliga a las operadoras a retirar los cables en desuso y prevé multas de hasta 90.000 euros

17 de noviembre de 2026 a las 09:36h

El Ayuntamiento de Calafell quiere poner orden al cableado que recorre las fachadas de los edificios del municipio. El consistorio ha preparado una nueva ordenanza municipal que regulará las instalaciones de telecomunicaciones, energía y otros servicios visibles desde la vía pública, con el objetivo de reducir su impacto visual, mejorar la seguridad y preservar el patrimonio arquitectónico. La propuesta establece el soterramiento como opción prioritaria, obliga a las operadoras a retirar las instalaciones que ya no se utilizan y fija criterios para ordenar los cables que excepcionalmente se puedan mantener en el exterior.

La regulación se aplicará en todo el término municipal, incluyendo Calafell Poble, Calafell Platja, Segur de Calafell y las urbanizaciones. Sin embargo, prevé una protección especial para el casco antiguo, los edificios catalogados y los principales frentes marítimos, donde el impacto del cableado sobre el paisaje urbano es especialmente relevante.

El soterramiento, la opción prioritaria

Uno de los principales cambios que plantea la ordenanza es que las nuevas redes y las ampliaciones de las existentes deberán priorizar las canalizaciones soterradas, los pasos interiores de los edificios o las infraestructuras compartidas que ya estén disponibles. La instalación de cables en las fachadas solo se autorizará excepcionalmente, cuando las operadoras acrediten que no existen alternativas técnicas razonablemente viables.

“Uno de los principales objetivos de la regulación es evitar que las nuevas redes continúen acumulando cables, cajas y conducciones en las fachadas. Por ello, la ordenanza establece que las nuevas instalaciones y las ampliaciones de las existentes deberán hacerse prioritariamente mediante canalizaciones soterradas, pasos interiores de los edificios o infraestructuras compartidas ya disponibles”, ha explicado el alcalde de Calafell, Ramon Ferré.

En los casos en que se autorice el cableado exterior, las empresas deberán presentar una justificación técnica firmada por un profesional competente. Además, las instalaciones deberán seguir recorridos ordenados, preferentemente verticales y horizontales, y evitar diagonales injustificadas, cruces innecesarios, cables colgantes y cajas mal fijadas.

Seis meses para identificar las instalaciones

 

Otra de las medidas destacadas es la obligación de las operadoras de revisar las redes que tienen instaladas en las fachadas y en otros espacios visibles del municipio. Dispondrán de un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ordenanza para auditar las instalaciones e identificar y etiquetar los cables, las cajas de distribución y los equipos asociados.

De esta manera, el Ayuntamiento quiere poder determinar a qué empresa pertenece cada elemento. Las instalaciones que continúen sin identificarse una vez agotado este plazo podrán ser consideradas redes huérfanas, lo que permitirá al consistorio tramitar su retirada subsidiaria.

La normativa también obligará a las operadoras a retirar, a su cargo, los cables y equipos que hayan quedado fuera de servicio cuando el Ayuntamiento lo requiera. La medida afecta especialmente a las antiguas redes de cobre que ya no se utilizan, pero que todavía continúan visibles en muchas fachadas.

Protección especial para el casco antiguo y el litoral

La ordenanza incorpora criterios específicos para los espacios con un valor patrimonial o paisajístico especial. En el casco antiguo de Calafell Poble, especialmente en el entorno del castillo y la iglesia, y en los edificios protegidos y catalogados, las instalaciones en fachada solo se admitirán cuando se demuestre que no hay ninguna alternativa viable y se disponga de los informes municipales favorables.

En los frentes marítimos de Calafell Platja y Segur de Calafell, en cambio, se exigirá una disposición especialmente ordenada y compacta del cableado para reducir su impacto visual en los paseos y las fachadas de primera línea.

“La voluntad es que la implantación de las redes de servicios sea compatible con la conservación del patrimonio arquitectónico, la calidad del espacio público y la imagen turística del municipio”, ha manifestado Ferré.

Plazos de reparación y multas de hasta 90.000 euros

La propuesta también fija plazos para corregir las instalaciones que presenten deficiencias. Los cables colgantes que comporten riesgos deberán fijarse o retirarse en un máximo de 48 horas desde el requerimiento municipal. Las cajas abiertas o desprendidas deberán repararse en 72 horas, mientras que los trazados diagonales injustificados y los cruces prohibidos deberán corregirse en un plazo de 15 días.

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones, las operadoras y los promotores deberán depositar una fianza antes de recibir la autorización o iniciar las actuaciones. En los ámbitos de protección especial, la garantía mínima será de 50 euros por metro lineal de cableado proyectado o del 15% del presupuesto de ejecución material, según qué cantidad sea más elevada. En el resto del municipio, los importes serán de 30 euros por metro lineal o del 10% del presupuesto.

En cuanto al régimen sancionador, las infracciones leves podrán comportar multas de hasta 900 euros; las graves, de entre 901 y 45.000 euros, y las muy graves, de entre 45.001 y 90.000 euros, siempre dentro de los límites legalmente aplicables.

En caso de que una operadora no cumpla una orden municipal de retirada o reparación, el Ayuntamiento también podrá imponer multas coercitivas de entre 300 y 3.000 euros, hasta un máximo de diez. El consistorio tendrá igualmente la posibilidad de ejecutar directamente los trabajos necesarios y reclamar posteriormente el coste a la empresa responsable.

La propuesta se abrirá a la participación vecinal

Antes de la aprobación definitiva, la propuesta de ordenanza se someterá a un período de audiencia pública a través de la plataforma Decidim.Calafell.cat, donde los vecinos podrán presentar aportaciones.

Posteriormente, el texto deberá pasar por el Pleno municipal. La ordenanza entrará en vigor tras la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y una vez transcurrido el plazo legalmente establecido. A partir de entonces, las operadoras deberán adaptar sus instalaciones a los nuevos criterios municipales.

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