Rosa Aguilar, portavoz del sindicato USTEC-STEs en las comarcas de Ponent, valora el seguimiento de las jornadas de huelga educativa en Cataluña, que califica de histórico, y critica tanto el acuerdo alcanzado con el Departamento de Educación como el tratamiento mediático del conflicto. En esta entrevista, analiza las principales carencias del sistema, como la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, la falta de recursos para la escuela inclusiva o unas ratios insuficientes, y apunta hacia el futuro inmediato del conflicto, con posibles nuevas movilizaciones si el gobierno no da respuesta a las demandas del colectivo docente.
¿Cómo valoráis esta semana de jornadas de huelga educativa y su seguimiento en Lleida y en el resto de Cataluña?
Lo primero que debemos situar es que no estamos del todo contentos con el seguimiento que han hecho algunos medios de comunicación. Creemos que somos una pata esencial de los servicios públicos y, por lo tanto, especialmente los medios públicos deberían haber hecho una cobertura mucho más importante. En este sentido, nos sentimos decepcionados con el tratamiento mediático.
Ahora bien, en cuanto al seguimiento de la huelga, la valoración es absolutamente diferente. Estamos pletóricos por la participación que ha habido. Muchos maestros y profesores de secundaria han seguido estas jornadas desde el lunes, y las cifras han sido muy elevadas en todas las demarcaciones. Hablamos de seguimientos que llegan al 70% o incluso más en algunos lugares, con manifestaciones que han sido absolutamente históricas. Y cuando decimos históricas lo hacemos con conocimiento de causa: desde el año 1988 no se veía una movilización tan masiva del colectivo docente.
¿Por qué consideran que el acuerdo con el Departamento de Educación es insuficiente y hablan de un “error histórico”?
Hay tres motivos principales por los cuales no hemos firmado el acuerdo, y tienen que ver sobre todo con el contenido. En primer lugar, en cuanto a los salarios, nosotros no pedíamos aumentos de sueldo, sino revertir la pérdida de poder adquisitivo del profesorado. Esta pérdida, acumulada desde el 2009 hasta el 2025, se sitúa entre el 20% y el 25%. Esto quiere decir que, en la práctica, un maestro o un profesor ha trabajado aproximadamente dos años gratis. Nadie trabaja gratis, y menos en una profesión que ya sufre un reconocimiento muy limitado.
En cuanto a las ratios, el acuerdo llega tarde y con un impacto muy limitado. Nosotros entendemos que, teniendo en cuenta la realidad de Cataluña, con una gran complejidad y con uno de cada tres alumnos con necesidades educativas especiales, las ratios deberían bajar de manera más clara e inmediata. Lo que se plantea no responde a esta realidad ni establece medidas estructurales urgentes.
En relación con la escuela inclusiva, la situación es aún más clara: en estos momentos es un espejismo. Tenemos un decreto desde 2017 que no se ha cumplido ni en el marco ni en el calendario. No existen los recursos necesarios para garantizar una verdadera inclusión, y sin recursos lo que se hace en los centros educativos es, en muchos casos, pura supervivencia e integración. Sin recursos universales y específicos, no se puede hablar de escuela inclusiva.
¿Cómo afecta todo esto al día a día del profesorado dentro del aula?
El día a día puede llegar a ser muy duro, también desde el punto de vista emocional. Hay situaciones en las que el profesorado se ve obligado a decidir a qué alumnos puede atender mejor. En un aula puedes tener hasta diez alumnos con necesidades educativas especiales, y sin recursos suficientes te encuentras en la tesitura de elegir si te dedicas a estos alumnos o al resto del grupo.
Esto no debería pasar. El Departamento de Educación no puede poner al profesorado en esta situación. Pero la realidad es que faltan recursos: faltan cuidadores, otros docentes de apoyo, técnicos de inserción social, especialistas… Hay casos en que la atención especializada llega una vez al mes, cosa absolutamente insuficiente.
Además, el profesorado también sufre un cuestionamiento constante, a menudo por parte de las familias o de la sociedad en general. Esto añade aún más presión a un trabajo que ya es muy exigente. Cabe recordar que los docentes son profesionales de la docencia, y no pueden asumir todas las funciones que actualmente se les piden.
¿Qué valoración hacéis de la división entre sindicatos a raíz del acuerdo?
Esto tiene mucho que ver con la forma como se ha cerrado el acuerdo. Se ha hecho de manera opaca, poco transparente y, en muchos casos, por detrás del resto de sindicatos. Dos sindicatos en minoría han firmado un acuerdo con el gobierno, y eso genera muchas dudas sobre los intereses que hay detrás.
Además, el acuerdo se firmó antes de trasladarlo al profesorado, cuando se estaba trabajando en una consulta unitaria. Esto hace pensar que había prisa para evitar que el colectivo pudiera pronunciarse. Y, de hecho, cuando se ha hecho la consulta, con más de 42.000 participantes, el 94% ha rechazado el acuerdo.
Por lo tanto, entendemos que no responde a la voluntad mayoritaria del profesorado y que se ha utilizado también con una finalidad política, en un momento clave para el gobierno.
¿Cuáles son los próximos pasos después de esta semana de huelga?
La manifestación en Barcelona marca el colofón de esta semana de movilizaciones, y a partir de aquí habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno. De momento, lo que estamos viendo es que no hay voluntad de volver a negociar, cosa que consideramos muy grave.
Paralelamente, en los centros educativos se está produciendo un movimiento muy interesante de organización desde la base. Se están haciendo asambleas y se están tomando decisiones colectivas, como dejar de hacer actividades extraescolares, salidas o colonias, que actualmente se basan en el voluntariado del profesorado.
Desde los sindicatos daremos apoyo a estas iniciativas y, en función de cómo evolucione la situación, no descartamos nuevas movilizaciones, incluyendo la posibilidad de una huelga de carácter más indefinido.
Habéis sido críticos con los medios de comunicación. ¿Qué es lo que os ha decepcionado exactamente?
Lo que nos ha decepcionado es que, en muchos casos, se ha informado de manera sesgada o superficial. Se han dado cifras que no responden a la realidad y se ha pasado muy por encima de un conflicto que es profundo y estructural.
No estamos hablando solo del salario del profesorado, sino de una bajada muy importante de la calidad de la educación pública en Cataluña. Esto es lo que está en juego. Por eso consideramos que los medios, especialmente los públicos, deberían ser mucho más rigurosos y explicar bien la situación.
También se han transmitido mensajes que pueden confundir, como hablar de aumentos salariales muy elevados sin contextualizarlos. La realidad es muy diferente, y creemos que la ciudadanía tiene derecho a recibir una información clara, completa y transparente.