La nueva ordenanza de civismo de Lleida abre el debate sobre las personas sin hogar y las sanciones que pueden afectarles. La normativa que la Paeria prevé aprobar este viernes plantea multas por determinadas conductas en la vía pública, una medida que ha generado las críticas de Fruita amb Justícia Social.
Fruita amb Justícia Social ha advertido del impacto que puede tener la nueva ordenanza municipal de civismo y convivencia de la Paeria de Lleida sobre las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La entidad critica especialmente que la normativa prevea sanciones económicas por conductas vinculadas a la falta de vivienda o de alternativas, como dormir en la calle o lavarse en una fuente.
La reforma de la ordenanza, vigente desde el año 2007, está prevista para aprobarse este viernes en el pleno municipal con el apoyo de Junts. Con la modificación, las multas pasan a situarse entre 400 y 750 euros en el caso de las infracciones leves, entre 751 y 1.500 euros para las graves y entre 1.501 y 3.000 euros para las muy graves. Además, la reincidencia puede comportar que una infracción leve pase a considerarse grave y una de grave, muy grave.
Prohibiciones que afectan a las personas sin hogar
Fruita amb Justícia Social pone el foco en diversos puntos del borrador que, según la entidad, pueden afectar directamente a las personas que no disponen de una vivienda. Entre las conductas que se prohíben hay acampar en la vía pública, instalarse en tiendas, vehículos o furgonetas, utilizar los bancos para dormir o lavarse y lavar ropa en las fuentes.
Estas conductas pueden comportar sanciones de entre 400 y 600 euros, según denuncia la entidad, que considera que la respuesta de la administración ante situaciones derivadas de la pobreza no debería pasar por el incremento de la presión policial y económica.
Fruita amb Justícia Social sostiene que la normativa aborda las consecuencias de las desigualdades sociales y de la emergencia habitacional mediante sanciones, en lugar de dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.
La organización también reclama la retirada de la ordenanza y defiende que no contribuye a mejorar la convivencia, sino que puede acabar afectando especialmente a las personas que viven en la calle.
Cerca de 200 personas atendidas este año
La entidad alerta también del impacto que la normativa podría tener durante los meses de verano, coincidiendo con la llegada de temporeros. Según sus datos, este año ha atendido a cerca de 200 personas que dormían en la vía pública, en vehículos o en asentamientos precarios en los márgenes de Lleida.
Fruta con Justicia Social señala que estas personas disponían de un contrato de trabajo, pero que se encontraban sin alojamiento por, según explica la organización, el incumplimiento por parte de algunos empresarios de la obligación de facilitar alojamiento y por las dificultades de acceso al mercado de alquiler.
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