El diputado Fermí Masot; el profesor de la Universitat de Lleida y coordinador de la investigación, Xavier Miranda, y la profesional de la Fundació Intress y miembro representante de la Mesa de Salud Mental Lleida-Segrià, Susanna Balvi, han presentado este miércoles la investigación realizada sobre “La situación en el ámbito de la vivienda en el colectivo de personas con problemas de salud mental”.
Fermí Masot ha destacado que “somos plenamente conscientes de que la salud mental solo puede ser digna y accesible si se garantizan condiciones de vida justas y equitativas para todo el mundo. Por eso, hay que asegurar vivienda social para las personas con problemas de salud mental, porque la vivienda no es solo un techo, sino también un espacio de estabilidad, seguridad y crecimiento personal”.
Entre los principales resultados, y según ha explicado Xavier Miranda, destaca el alto número de personas afectadas que continúan residiendo en el domicilio familiar con sus progenitores, dada la dificultad que tienen para acceder al mercado privado de la vivienda. De aquellas que acceden, la mayoría lo hacen a través del alquiler por encima de la propiedad. Este acceso se encuentra altamente condicionado por las dificultades económicas y la precariedad. En este sentido, entre las principales problemáticas que manifiestan destaca el deterioro de la vivienda y la necesidad de rehabilitación (47,8%), y el hecho de que esta esté situada en una zona deteriorada y conflictiva (20,3%).
En este sentido se ha manifestado Susanna Balvi, que ha explicado que “nos pusimos en contacto con las APIs, porque nos encontramos con que cuando las personas que buscaban vivienda tenían que justificar sus ingresos con nóminas y en el momento en que manifestaban que su fuente de ingresos es una pensión, y vitalicia, tenían que dar más explicaciones de la cuenta y justificar de dónde venía derivada”.
Un tercio de la muestra expresa la necesidad de realizar un cambio respecto al domicilio en el que vive. Como principales motivos de esta necesidad se señala que el actual resulta inadecuado a sus necesidades, o bien que se quiere independizar del núcleo familiar en el que reside. Sin embargo, prácticamente el 90 % reconoce no tener la capacidad para llevar a cabo este cambio.
Cabe destacar que el 56 % de las personas encuestadas han indicado haberse sentido discriminadas por su condición en relación con algún aspecto vinculado con la vivienda. Donde se concentra la principal afectación es en la interacción con personas del entorno comunitario y, en segundo lugar, en el proceso de búsqueda de un inmueble en el mercado privado.
El interés del informe era:
- Caracterización del perfil sociodemográfico de las personas que presentan una discapacidad derivada de una enfermedad mental en el Segrià y su situación actual en relación con la vivienda.
- Descripción de las principales necesidades, problemáticas y expectativas de este grupo de población hacia este ámbito.
- Perspectiva que los principales agentes profesionales vinculados con la temática presentan sobre la cuestión de la vivienda en salud mental.
También destaca la inseguridad en la tenencia del hogar como uno de los componentes que se relacionan de forma directa con el empeoramiento de la salud física y mental.
Por otro lado, se detecta que aún se identifican diversas formas de discriminación en el acceso entre el colectivo. Las más habituales suelen ser:
- Rechazo a mostrar o proporcionar información sobre una vivienda disponible a una persona a causa de su discapacidad, en este caso mental.
- Negar el acceso a la vivienda porque la persona solicitante de esta ha sido integrada anteriormente en un centro residencial o una institución residencial.
- Establecer condiciones sobre el alquiler de la vivienda, como podría ser una renta más alta o un seguro debido a una discapacidad.
- Rechazar conceder adaptaciones que sean necesarias para la persona.
- Hacer preguntas sobre una posible discapacidad o enfermedad mental durante el proceso de solicitud de acceso a la vivienda.
Este informe es fruto de la investigación promovida por la Mesa de Salud Mental de Lleida-Segrià, ejecutada por la Universidad de Lleida (UdL), a través del Grupo de Investigación y Análisis Social y Educativa (GRASE) y financiada por la Diputación de Lleida, y se inició en septiembre de 2023 y finalizó en diciembre de 2024.
