La Paeria de Lleida y el Govern catalán han formalizado un acuerdo que contempla una inversión total de 12 millones de euros, destinada a desarrollar un modelo de inclusión social que combina vivienda asistida y apoyo psicosocial. Esta partida económica se reparte entre la Generalitat, que aporta 6 millones, mientras que el Ayuntamiento y el Gobierno central financian conjuntamente el resto.
Centro Cívico y alojamientos para temporeros
Dentro del marco de este convenio destaca el proyecto del Hub Cívico en el barrio de Balàfia, previsto en las antiguas escuelas del sector, donde se habilitarán 25 habitaciones individuales y 3 apartamentos de alquiler. Este espacio no solo acogerá a personas vulnerables sino también instalaciones deportivas y culturales, ya que los alojamientos representarán menos del 25% de la superficie total.
Además, se ha contemplado una intervención específica para los temporeros vinculada a la campaña agrícola. En este sentido, se asignarán 16 pisos para trabajadores temporales, complementados con la construcción del centro CATemporers en la zona de Creu del Batlle, con capacidad para 32 personas. La ampliación prevista incluye un segundo equipamiento denominado CATemporers 2, orientado a incrementar la oferta de alojamiento durante los meses estivales
Estructura integral contra el sinhogarismo
El esquema incluye una intervención combinada focalizada en diferentes tipos de equipamientos según las necesidades específicas de los usuarios. Se prevé construir un total de 130 viviendas de inclusión distribuidas en varios barrios ilerdenses, algunas gestionadas directamente por la Paeria y otras delegadas al tercer sector social. Estas viviendas están destinadas principalmente a personas procedentes de situaciones vulnerables o sin techo estable.
El alcalde Fèlix Larrosa ha explicado que con este modelo será posible atender hasta 500 personas en situación de vulnerabilidad social dentro del municipio. Sobre las polémicas surgidas recientemente en el barrio de Balàfia —donde algunos vecinos han expresado rechazo al proyecto— Larrosa ha declarado textualmente: "No toleraremos que se permita un debate político jugando con miedos sobre las personas sin hogar". Ha rechazado así los posicionamientos opositores impulsados por partidos como el PP o Vox.
La apuesta institucional por el componente social humanizador
Mònica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales, ha puesto de relieve que este acuerdo incorpora una perspectiva transformadora con voluntad de exportar el modelo leridano por toda Cataluña. Según Martínez: "Este convenio representa un salto cualitativo en la prestación social local gracias a acciones innovadoras pensadas desde una visión humanizadora centrada en las personas". También ha subrayado la necesidad de combatir discursos de odio emergentes vinculados tanto a los conflictos vecinales como al uso político instrumentalizado del sinhogarismo.