El Grupo Municipal de Junts per Catalunya en la Paeria de Lleida se ha abstenido en la votación de las Ordenanzas Fiscales del 2027. La formación justifica la posición por el retorno de una parte del recibo de la basura, después de que el nuevo contrato no entrara en funcionamiento hasta el mes de agosto, y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en ordenanzas anteriores, entre los cuales hay el cálculo de la tasa de basuras según el padrón y el de la tasa a la actividad económica en función de los residuos generados.
Junts reclama aplicar los cambios comprometidos en la tasa de residuos
La portavoz y candidata a la alcaldía de Lleida, Violant Cervera, ha explicado que “el gobierno municipal ha asumido los dos ruegos presentados por Junts, para reclamar que la tasa de residuos de las viviendas se calcule según el número de personas empadronadas y que las tarifas comerciales se ajusten a los residuos generados”. Según la formación, hay que concretar también el calendario de aplicación de estos cambios, establecer reducciones para los establecimientos que gestionen correctamente los residuos, ampliar la vivienda pública y fomentar la seguridad y la confianza de los pequeños propietarios para que pongan los pisos en el mercado de alquiler.
En materia de residuos, la concejala Neus Caufapé ha defendido los dos ruegos de Junts para concretar compromisos que las ordenanzas ya recogen. El primero pide vincular el padrón con las referencias catastrales para calcular la tasa según las personas empadronadas, superando el criterio de los metros cuadrados. “La ordenanza ya prevé este cambio, pero remite su aplicación a unas próximas ordenanzas, sin fijar el plazo”.
El segundo ruego reclama activar antes de acabar el primer trimestre de 2027 el grupo de trabajo para revisar las tarifas comerciales y establecer reducciones que reconozcan la correcta gestión de los residuos. “Una oficina, una tienda de ropa y un restaurante no generan el mismo tipo de residuos. La tasa debería tener en cuenta estas diferencias con criterios técnicos justificados”, ha defendido Caufapé.
Por este motivo, Junts ha pedido al gobierno municipal que los trabajos se completen durante el 2027 para incorporar los cambios en las ordenanzas de 2028 “para avanzar hacia una tarifación más equitativa”. “Los compromisos políticos no se pueden convertir en una prórroga indefinida. El contribuyente tiene fecha límite para pagar y el gobierno también debe tenerla para cumplir”.
En cuanto al recibo de la actividad económica, la formación reclama constituir antes de acabar el primer trimestre de 2027 el grupo de trabajo previsto para revisar las tarifas. Junts propone clasificar las actividades según las fracciones de residuos que generan —resto, papel y cartón, envases, orgánica y vidrio— y reconocer su buena gestión con reducciones de la tasa. Además, pide un calendario concreto de trabajo y que se informe a los grupos municipales de la composición, los avances y las conclusiones de este órgano.
Finalmente, Caufapé también ha criticado que el Gobierno restrinja los artículos que se pueden modificar dentro de una ordenanza abierta a revisión, dejando fuera propuestas como la bonificación de obras para retirar amianto planteada por el Comú. “El gobierno ya tiene la iniciativa. No debería tener también la exclusiva de las propuestas”, ha concluido.
Violant Cervera rechaza el giro del debate hacia la propiedad privada
En el Pleno Extraordinario de las Ordenanzas Fiscales 2027, Violant Cervera ha lamentado que el debate haya derivado hacia medidas más punitivas sobre la propiedad privada. “Esta tenía que ser la ordenanza del retorno del recibo de la basura, y se ha convertido en el debate de la propiedad privada”, ha afirmado.
Cervera ha añadido: “Y digo propiedad privada y no vivienda, porque nosotros consideramos que penalizar, en lugar de incentivar, no favorece tener más pisos en el mercado. Especialmente después de la aprobación de los Reales Decretos por el Consejo de Ministros y por el miedo a que los 2 algún día se acaben aprobando definitivamente. En las últimas semanas, después de toda la polémica de los Decretos, más de 6.000 pisos han salido del mercado de alquiler. Si queremos que las viviendas salgan al mercado, debemos generar seguridad y confianza en el propietario, especialmente en el pequeño propietario”.
La portavoz de Junts también ha rechazado la propuesta de ERC de incrementar los recargos del IBI a las viviendas vacías y ha cuestionado la claridad del redactado por la inseguridad jurídica que puede generar. “Debemos dar seguridad al propietario que pone una vivienda en el mercado. Debemos incentivar que la alquile”, ha defendido, especialmente en referencia a los pequeños propietarios.
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