ERC-AM ha vuelto a reclamar explicaciones al gobierno de la Paeria sobre el despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida. El grupo municipal ha registrado un nuevo escrito en el que reitera las ocho preguntas y el ruego que ya había presentado en septiembre a raíz de las observaciones recogidas en el Informe 16/2026 de la Sindicatura de Cuentas.
Los republicanos presentaron la primera petición el 12 de septiembre y recibieron respuesta el día 30 por parte de la concejala de Seguridad, Civismo y Convivencia, Cristina Morón. ERC considera, sin embargo, que la contestación no resuelve de manera concreta buena parte de las cuestiones planteadas.
“Valoramos que el gobierno haya respondido, pero el problema es que la respuesta no concreta aquello que preguntábamos”, afirma el concejal de Movilidad de ERC-AM, Juanjo Falcó. Según defiende, conocer el marco normativo no permite saber “qué carencias se han corregido, cuáles continúan pendientes, qué actuaciones se han hecho ni con qué calendario se piensa completarlas”.
ERC pide concreción sobre las correcciones pendientes
En la respuesta municipal, el gobierno señala que la ZBE de Lleida se puso en funcionamiento el 1 de enero de 2025 y que el régimen sancionador comenzó seis meses después, el 1 de julio.
También sostiene, según explica ERC, que en términos generales se han cumplido los principales objetivos establecidos por la normativa y que se estudiarán las medidas necesarias para incorporar las recomendaciones de la Sindicatura.
El grupo republicano considera que esta respuesta es demasiado genérica y reclama saber qué observaciones del organismo fiscalizador ya se han resuelto y cuáles todavía están pendientes.
También quiere conocer las actuaciones previstas, los plazos, los responsables de llevarlas a cabo y la documentación que acredite las eventuales correcciones.
“No cuestionamos que la implantación de una ZBE sea una obligación legal ni que los ayuntamientos hayan tenido que trabajar con plazos muy ajustados. Precisamente por eso es importante saber qué se ha hecho bien, qué hay que corregir y cómo se piensa hacer”, señala Falcó.
Dudas sobre los efectos del tráfico y las zonas sensibles
Entre las cuestiones que ERC considera todavía sin respuesta está el impacto que la ZBE puede tener en el desplazamiento del tráfico y de la contaminación hacia los barrios o calles adyacentes.
El grupo también pregunta por las medidas de protección de las zonas sensibles y de los colectivos vulnerables, así como por los indicadores utilizados para medir los resultados de la ZBE.
La portavoz republicana, Jordina Freixanet, considera que anunciar que se estudiarán las recomendaciones “es un primer paso”, pero reclama concretar “cuáles asumirá, cómo las aplicará y en qué plazos”.
ERC también insiste en saber por qué el Ayuntamiento no presentó alegaciones al proyecto de informe de la Sindicatura de Comptes, quién adoptó esta decisión y en qué criterios se basó.
¿Qué pasó entre enero y junio de 2025?
Una de las cuestiones que el grupo ha reformulado afecta a los primeros seis meses de funcionamiento de la ZBE.
Dado que la medida entró en vigor el 1 de enero, pero las sanciones no comenzaron hasta el 1 de julio, ERC quiere saber qué carácter tenía formalmente aquel período: si era una fase piloto, informativa, transitoria o de adaptación.
Los republicanos también reclaman conocer qué informes técnicos o jurídicos avalaron este despliegue inicial y la posterior entrada en vigor del régimen sancionador.
Reclaman un informe técnico en la comisión de Movilidad
Finalmente, ERC-AM vuelve a pedir que el gobierno presente en una próxima sesión de la Comisión Informativa de Seguridad, Movilidad, Civismo y Convivencia un informe técnico específico sobre las conclusiones de la Sindicatura.
El documento, según reclama el grupo, debería detallar las medidas adoptadas y las posibles modificaciones del proyecto, la regulación o el sistema de seguimiento de la ZBE.
“No estamos reiterando las preguntas porque no nos hayan contestado; las reiteramos porque necesitamos que nos contesten aquello que preguntamos. Queremos datos, documentos y plazos”, concluye Falcó.
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