El comisario Antonio José Royo intenta recuperar la jefatura de la Policía Nacional en Lleida después de haber sido cesado del cargo a raíz de la polémica generada cuando trascendió una condena del año 2003 por acoso sexual. Royo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el nombramiento de su sustituta, la comisaria María Pilar Callejero.
También ha pedido que se suspendan cautelarmente sus efectos porque considera que la designación no está suficientemente motivada, que responde a la presión mediática y que le causa perjuicios profesionales y reputacionales. El tribunal, sin embargo, ha rechazado esta petición porque considera que no ha acreditado que estos perjuicios sean irreparables y mantiene a Callejero en el cargo mientras se resuelve el litigio con el Ministerio del Interior.
El caso se remonta al 9 de diciembre de 2025, cuando Royo fue nombrado jefe de la comisaría ilerdense. Pocos días después, Interior lo cesó y lo destinó provisionalmente a Madrid después de que trascendiera una condena del año 2003 por acoso sexual. El ministerio justificó la decisión por el malestar institucional y social generado y por el posible impacto sobre la imagen del cuerpo policial.
Royo recurrió este cese y el 23 de diciembre de 2025 el TSJC suspendió cautelarmente sus efectos al apreciar indicios de falta de motivación y posibles defectos de procedimiento. Aun así, el tribunal permitió que Interior pudiera convocar y cubrir la plaza de acuerdo con la normativa.
La plaza se adjudicó posteriormente por libre designación a la comisaria María Pilar Callejero, que tomó posesión el 29 de abril de 2026 y se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura de la Policía Nacional en Lleida.
Royo también impugnó este nombramiento y pidió al TSJC que lo suspendiera provisionalmente. Argumentaba que la designación no estaba suficientemente motivada, que respondía a la presión mediática y que no se habían valorado adecuadamente sus méritos y experiencia. También alegaba que el paso del tiempo podía causarle perjuicios profesionales y reputacionales difíciles de reparar.
El TSJC, sin embargo, considera que estos perjuicios no se han acreditado como irreparables y que derivan principalmente de su cese, que ya se está analizando en otro procedimiento. La sala también señala que determinar si hubo arbitrariedad, desviación de poder o una motivación insuficiente requiere estudiar el fondo del caso y no se puede resolver en una medida cautelar.
Además, los magistrados recuerdan que apartar cautelarmente a una funcionaria que ya ocupa legítimamente una plaza es una decisión excepcional y concluyen que la petición de Royo alteraría la situación actual en lugar de limitarse a preservarla.
El auto del TSJC, contra el cual se puede presentar recurso de reposición, mantiene a Callejero en el cargo y no impone costas porque considera que el caso plantea dudas jurídicas.