El 8 de abril, dos hombres comparecerán ante la Audiencia de Lleida en relación con un caso de agresión sexual perpetrado contra una menor en las comarcas de Ponent durante el año 2023. El principal procesado es el abuelo de la víctima, quien afronta una petición fiscal que solicita una condena de 5 años de prisión por presuntos tocamientos con connotaciones sexuales. El otro encausado es el padre de la niña, que se enfrenta a una multa valorada en 8.100 euros —equivalente a 18 meses con cuota diaria de 5 euros— por haber incumplido su deber legal de impulsar la persecución del delito.
La acusación contra el abuelo: detalles y medidas complementarias
Según el relato expuesto por el Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron en horario nocturno en el domicilio del principal acusado. El abuelo está imputado por un delito de agresión sexual contra menor de edad inferior a los 16 años. La Fiscalía pide, más allá de los cinco años privativos de libertad, que se le imponga un período adicional de 5 años de libertad vigilada.
Además, se reclama su inhabilitación laboral durante cinco años para desarrollar tareas u ocupaciones que impliquen contacto directo con menores. También se exige una prohibición expresa de aproximarse a menos de 200 metros y establecer comunicación con la nieta durante un plazo máximo de seis años.
La acusación contra el padre: omisión del cumplimiento de su deber legal
Por otro lado, el progenitor está imputado por el delito de omisión del deber legal de impulsar la persecución de los hechos delictivos. A pesar de que la víctima le relató presuntamente los abusos cometidos por parte de su abuelo, no efectuó ninguna denuncia ni impidió que mantuvieran contacto posteriormente.
Esta conducta ha motivado que la Fiscalía solicite una pena económica consistente en una multa totalizada en 8.100 euros, calculada como 18 meses con cuota diaria fijada en cinco euros. Además, se le reclama la inhabilitación temporal para ejercer la patria potestad sobre la hija durante un período de tres años.
La instrucción judicial correspondiente ha sido asumida por los juzgados competentes ubicados en Lleida, donde se ha desarrollado todo el proceso previo hasta ahora conocido.
