Casi dos de cada diez anuncios de Airbnb en las comarcas gerundenses son ilegales o tienen la licencia de vivienda de uso turístico (HUT) caducada, según un estudio elaborado por la empresa tecnológica Mabrian con datos de julio de 2025. El informe, que analiza 21 municipios turísticos de la demarcación, constata que el 17% de la oferta no cumple la normativa vigente, especialmente en los territorios de interior como el Ripollès, la Garrotxa y el Pla de l’Estany, donde la irregularidad es más elevada.
Las comarcas con más viviendas legalizadas son la Selva (86%), el Alt Empordà (85%) y el Baix Empordà (84%), seguidas de la Cerdanya, que concentra también una parte importante de la oferta turística. En la costa, el predominio es de grandes operadores y gestores profesionales, mientras que en las comarcas de interior prevalecen propietarios particulares y pequeños gestores.
En cuanto al perfil de los usuarios, el 70% de los clientes de los apartamentos gerundenses son franceses, españoles o locales, con una clara preferencia por los alojamientos familiares con capacidad para más de tres personas.
Llamamiento del sector a derogar el decreto de las VUT
El estudio se ha presentado este viernes en Platja d’Aro en una jornada organizada por la Mesa Gerundense de Turismo (TGT) y la Asociación Turística de Apartamentos (ATA). Durante el acto, la presidenta de la ATA, Esther Torrent, ha hecho un llamamiento al Govern para que actúe con “valentía” y derogue el decreto ley impulsado por ERC que prevé la supresión de las actuales licencias de viviendas turísticas.
Según Torrent, el decreto “pone en riesgo miles de puestos de trabajo y la actividad económica de muchas familias” y podría suponer “la eliminación total de las licencias actuales”, especialmente en los municipios que no disponen de planeamiento urbanístico vigente, que no podrían otorgar nuevas.
“Hace falta diálogo y visión de país para defender la calidad de la oferta turística y evitar la competencia desleal de los ilegales”, ha subrayado Torrent, pidiendo al PSC que impulse una nueva etapa de consenso con el sector.
La ATA y la TGT reclaman más control sobre las plataformas digitales y una estrategia conjunta con los ayuntamientos y la Generalitat para combatir la irregularidad, garantizar la calidad de la oferta y preservar el equilibrio entre turismo y residencia habitual.
Según la entidad, los datos de Mabrian ponen de manifiesto que todavía hay un 17% de oferta descontrolada que hay que regular de manera urgente para evitar que los apartamentos ilegales deterioren la imagen turística y económica de la Costa Brava y de las comarcas de interior.
