El vecino de Blanes (Selva) que está siendo juzgado por supuesto acoso a cuatro menores con el objetivo de obtener material pornográfico, ha negado los hechos durante su declaración final en el juicio celebrado en la Audiencia de Girona. El acusado, que solo ha respondido a las preguntas formuladas por su defensa, ha desvinculado cualquier relación con los perfiles de Instagram desde los cuales, según la investigación, se puso en contacto con las víctimas, dos de las cuales tienen discapacidad psíquica.
Negativa sobre los perfiles y el móvil
Durante el proceso judicial, el procesado ha asegurado que no era usuario "habitual" de redes sociales y ha negado haber autorizado el análisis de su teléfono móvil. Ha explicado que cuando fue arrestado llevaba el dispositivo con él y que este no estaba protegido con ningún código PIN ni contraseña. "En ningún momento me pidieron acceso", ha declarado.
Además, aunque permitió el registro domiciliario donde la policía intervino un ordenador, un portátil y un disco duro, ha subrayado que nunca dio permiso explícito para examinar el contenido de su teléfono.
Petición fiscal y defensa
La fiscalía mantiene una solicitud de condena de 37 años y 9 meses de prisión por varios delitos: pornografía infantil, ciberacoso sexual y amenazas. La acusación particular se ha adherido a esta petición. En cambio, la defensa reclama la absolución y solicita declarar nula la extracción de información del dispositivo móvil porque se efectuó sin autorización judicial ni consentimiento del procesado.
El informe fiscal destaca que los expertos encontraron en el teléfono material pornográfico relacionado con el caso mientras en los otros aparatos requisados no se localizaba ninguno.
Antecedentes y tratamientos psicológicos
El acusado cuenta con cuatro condenas anteriores dictadas por los juzgados de Mataró, Lleida y Castelló de la Plana, todas ellas por delitos relacionados con corrupción de menores y tenencia o producción de pornografía infantil. Por este motivo, las acusaciones le atribuyen la agravante de multirreincidencia.
Ante estas situaciones legales previas, el procesado ha declarado haberse sometido "voluntariamente" a programas psicológicos especializados en agresores sexuales durante su estancia en prisión. Una vez en libertad continúa recibiendo tratamientos dirigidos a "evitar la pedofilia".
Método de acoso según la fiscalía
El escrito de acusación detalla cómo entre mayo y agosto de 2018 el acusado contactaba con cuatro menores utilizando diferentes cuentas en redes sociales. A través de estos canales pedía fotos y vídeos pornográficos.
- A una menor le escribió en junio ofreciéndole participar en "juegos por webcam" buscando "niñas de 12 a 16 años"; prometía poder pedir dinero o regalos si colaboraba.
- Poco después convenció a esta víctima para que le enviara fotografías íntimas. Además, según la fiscalía, la amenazó diciéndole que haría llegar las imágenes a sus conocidos si no cumplía sus demandas: "la amenazó con hacer llegar las imágenes a todos sus conocidos".
- También le enviaba fotos a un amigo y familiar afirmando que difundiría el contenido "a todo el instituto" si no accedía a sus requisitos.
Esta misma menor también había recibido propuestas para quedar personalmente para mantener relaciones sexuales mientras grababan los actos; a pesar de eso nunca se encontraron porque la familia lo descubrió antes y lo denunció.
- A una segunda víctima —también menor de 15 años con discapacidad psíquica— le ofrecía dinero a cambio de fotos donde aparecía desnuda entre junio y julio; ella le envió dos imágenes, pero después él continuó intimidándola hasta que ella lo bloqueó.
- En agosto contactó con una tercera menor —de 16 años— consiguiendo al menos cinco fotografías íntimas;
- Y finalmente intentó obtener imágenes de una cuarta víctima —de 15 años— pero esta no accedió a pesar de las insistencias.
Cargos penales formales
Las acusaciones incluyen tres cargos por corrupción de menores en modalidad de elaboración de pornografía infantil; dos cargos más por ciberacoso sexual (child grooming); un delito de amenazas condicionales; así como posesión ilegal de pornografía infantil bajo agravante multirreincidencia. También reclaman una indemnización conjunta totalizada en 30.000 euros destinada a reparar los perjuicios causados a las víctimas.