Este jueves por la mañana, los efectivos de los Mossos d'Esquadra junto con la Policía Local d'Amposta han llevado a cabo el desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente donde residían aproximadamente una veintena de personas. El edificio está situado en el número 9 del carrer Sant Pere, en la capital del Montsià, donde hace años que se registraban problemas relacionados con la salubridad y conflictos diversos, según han explicado fuentes municipales a la ACN.
La actuación policial se ha iniciado puntualmente a las 9:10 horas, contando con unidades de seguridad ciudadana y ARRO de los Mossos, así como agentes locales. Después de que se les comunicara reiteradamente la orden de desalojo, esta mañana han sido evacuadas cuatro personas que aún habitaban uno de los pisos.
Detalles del inmueble y antecedentes
El edificio tiene diez viviendas más un local comercial, construido durante el período del boom inmobiliario y posteriormente adquirido por un fondo inversor. Inicialmente las ocupaciones eran puntuales; no obstante, con el paso del tiempo se establecieron una veintena de ocupantes, entre los cuales había una familia con cuatro menores.
Fuentes municipales señalan que a partir de aquel momento surgieron problemáticas relacionadas tanto con la seguridad como con las condiciones higiénicas. Hace cuatro años, un comprador privado adquirió el inmueble y el Ayuntamiento inició los trámites legales para promover el desalojo.
Conexiones ilegales y decreto municipal
Dentro del operativo policial se detectaron conexiones fraudulentas al suministro eléctrico así como unas condiciones de insalubridad que hacían inhabitables las viviendas. A partir de este informe técnico se dictó un decreto municipal firmado por la alcaldía, ratificado por el tribunal contencioso administrativo de Tarragona, que ha permitido ejecutar este jueves el desalojo.
El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha declarado: "Lo que hemos buscado es una rendija desde el Ayuntamiento para poder terminar en una situación que se debería haber terminado por una vía penal, pero lo hemos terminado por la vía de la seguridad y la salud para las personas".
Afectados y seguimiento social
Dos semanas antes del desalojo se notificó oficialmente a los residentes para que abandonaran voluntariamente los pisos. Este miércoles todavía había nueve personas dentro del edificio; según datos municipales acumulaban hasta 85 antecedentes policiales vinculados a diferentes delitos.
Este jueves solo quedaban cuatro habitantes en un piso concreto, todos evacuados durante la actuación. El consistorio les ha ofrecido billetes de tren para facilitar su movilidad fuera del municipio, pero todos han declinado esta propuesta.
En cuanto a la familia con menores implicada, está bajo control directo del departamento de Derechos Sociales después de una coordinación estrecha con los servicios sociales locales.
Prevención ante futuros casos
El alcalde ha anunciado también que la Policía Local mantendrá dispositivos especiales tanto esta noche como durante las próximas semanas para impedir nuevas ocupaciones en otros edificios vacíos dentro de Amposta.
Tapiado y planes de rehabilitación
Con todo ya finalizado el desalojo completo, el propietario particular ha comenzado tareas encaminadas al tapiado del bloque, instalación de alarmas y retirada de los objetos dejados dentro de las viviendas. El objetivo inmediato es rehabilitarlo para que pueda ser ofrecido en régimen de venta o alquiler próximamente.
El alcalde Tomàs ha remarcado: "Este bloque está dentro del ámbito de actuación del Pla de Barris i Viles, por lo tanto también es voluntad del Ayuntamiento que esto sea así y continuaremos trabajando para que esto se haga lo más rápido posible, porque si algo tenemos es demanda de vivienda en la ciudad".
Reclamaciones reguladoras
Ante situaciones como esta prolongada durante años hasta llegar al punto actual, Tomàs reclama reformas normativas más ágiles: "Insisto en reclamar un cambio en la regulación que permita afrontar situaciones como la de este bloque de una forma más rápida", añade cuando habla sobre evitar procesos judiciales extensos derivados de los casos similares.
