Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad
El conflicto entre el jefe de la Policía Local de Ripoll, Francesc Campayo, y el Ayuntamiento ha llegado a los tribunales. Campayo ha presentado una demanda ante el juzgado contencioso administrativo de Girona para que el consistorio le reconozca formalmente la categoría profesional de inspector y la remuneración correspondiente, después de meses ejerciendo las funciones asociadas al cargo.
El responsable policial sostiene que superó el proceso selectivo convocado para ocupar la plaza y que cumple todos los requisitos necesarios. En junio de 2024, el consistorio lo nombró funcionario en prácticas con categoría de inspector a la espera de que completara la formación requerida en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
Campayo asegura que desde entonces ha asumido tareas de dirección y planificación propias del puesto. El pasado diciembre superó el curso, pero, según expone en la demanda, su situación laboral aún no se ha regularizado.
Sin respuesta a la reclamación presentada en junio
El jefe de la Policía Local ya había reclamado formalmente en junio que se le reconocieran tanto la categoría como el salario asociados a la plaza. Ante la falta de respuesta a este requerimiento, ha decidido acudir ahora a la vía judicial.
En paralelo, Campayo se ha dirigido a la Síndica de Greuges para que analice si las actuaciones posteriores del consistorio pueden considerarse “represalias” relacionadas con esta reclamación.
El responsable policial vincula sus dudas a la apertura de un expediente disciplinario por presuntamente no haber utilizado la tarjeta para registrar la jornada laboral en las dependencias municipales. La posible relación entre ambos hechos forma parte de las cuestiones que ha pedido que se examinen.
El expediente coincide con la polémica por el proceso que superó la hija de Orriols
El expediente contra Campayo se hizo público en medio de la controversia por el proceso urgente convocado para cubrir dos plazas interinas de la Policía Local, en el que una de las candidatas seleccionadas fue la hija de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Campayo no participó en el tribunal que valoró a los aspirantes, ya que durante el proceso se encontraba inicialmente de vacaciones y posteriormente de baja por una intervención quirúrgica.
El procedimiento ha generado diversas peticiones para que se analice su legalidad. La Oficina Antifraude ya había abierto actuaciones para examinar el proceso tras recibir denuncias sobre la selección.
Junts reclama una revisión de oficio
Junts per Ripoll también ha registrado una solicitud para que el Ayuntamiento revise de oficio todo el procedimiento de selección de los dos agentes interinos.
El grupo municipal ha encargado un informe jurídico que, según asegura, detecta posibles “causas de nulidad de pleno derecho” por el eventual incumplimiento de garantías exigidas en el acceso a los cuerpos de policía local.
Entre los aspectos que cuestiona Junts se encuentra el hecho de que las pruebas, los criterios de puntuación, el calendario y la composición del tribunal se fijaran mediante un decreto del 30 de junio, después de que el plazo para presentar candidaturas hubiera finalizado el 23 de junio.
La formación también plantea si existía un deber de abstención por la relación de parentesco entre la alcaldesa y una de las aspirantes. Estas consideraciones forman parte del informe encargado por el partido y aún no constituyen una resolución que determine que el proceso fuera irregular.
Junts pide revisar tanto el anuncio inicial de la convocatoria como los decretos posteriores que establecieron las pruebas y formalizar los nombramientos.
