Junts per Girona exigirá que sea necesario un mínimo de diez años de empadronamiento en la ciudad para poder optar a los nuevos pisos de alquiler asequible para jóvenes que el Ayuntamiento está construyendo en el barrio de Can Gibert del Pla. El grupo municipal, que forma parte del gobierno con Guanyem y ERC, defiende que las viviendas deben revertir prioritariamente a los jóvenes que “viven, trabajan y han construido su proyecto de vida en la ciudad”.
La formación considera “imprescindible” que estos pisos, impulsados directamente por el consistorio, sirvan para dar respuesta “a una de las principales emergencias sociales de la ciudad: la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente por parte de los jóvenes gerundenses”. Por este motivo, Junts ya ha avanzado que, cuando se redacten las bases de adjudicación, “exigirá” que se fijen diez años de empadronamiento como criterio objetivo de arraigo y vínculo con la ciudad
La promoción se está construyendo en un solar municipal en la calle de les Agudes 72-74 y constará de 50 pisos de protección oficial destinados al alquiler para jóvenes de entre 18 y 34 años, además de un local. Las obras comenzaron en febrero del año pasado y está previsto que se terminen en junio del 2026.
La vicealcaldesa, Gemma Geis, ha subrayado que “estas viviendas son fruto del esfuerzo colectivo de la ciudad y deben revertir, de manera prioritaria, en aquellos jóvenes que viven, trabajan y han construido su proyecto de vida”. Geis ha defendido que “defender criterios de arraigo no es excluir a nadie, sino garantizar justicia social, retorno público y coherencia con el objetivo para el cual se construye vivienda asequible con recursos municipales”.
Junts per Girona también recuerda que esta promoción se enmarca en una política de vivienda iniciada el mandato anterior, con trámites que se pusieron en marcha el 2020, y que responde a “una apuesta clara por ampliar el parque público de alquiler y poner el foco en los jóvenes”.
“Lo que no podemos permitir es que la vivienda pública acabe desconectada de la realidad social de Girona”, ha remarcado la vicealcaldesa, que ha concluido que “el arraigo tiene que ser un criterio clave cuando hablamos de derechos, pero también de responsabilidad pública”.