Este miércoles, Girona ha dado a conocer ante las Naciones Unidas su sistema de salud mental comunitaria, basado en más de dos décadas de experiencia sin mantener ninguna institución psiquiátrica con estancias prolongadas.
Josep Maria Solé, director general de Support-Girona, ha sido invitado a compartir esta experiencia durante la sesión pública inaugural del 35º período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene lugar en el Palacio de las Naciones en Ginebra entre el 12 y el 27 de agosto.
Transformación de los derechos en práctica efectiva
Durante su intervención, Solé ha puesto sobre la mesa una cuestión clave respecto a la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: cómo asegurar que los derechos reconocidos formalmente se traduzcan en cambios tangibles para los individuos.
En palabras suyas, “Esto implica transformar la manera de organizar los servicios y distribuir los recursos para que los apoyos lleguen a las personas en su vida cotidiana”.
Un ecosistema comunitario consolidado
La exposición ha resaltado el proceso continuado y progresivo de desinstitucionalización llevado a cabo en Girona y el establecimiento de un ecosistema que integra atención sanitaria y apoyo social para abordar incluso situaciones de alta complejidad.
Este modelo se ha desarrollado a lo largo de los años gracias al trabajo conjunto entre la Red de Salud Mental y Adicciones —gestionada por el Institut d’Assistència Sanitària (IAS)— y diversas entidades sociales locales como Support-Girona, Fundació Drissa o la Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, así como servicios sociales, atención primaria, otras organizaciones del territorio y las mismas personas afectadas.
Este sistema se extiende por toda la Región Sanitaria Girona, que da servicio aproximadamente a 900.000 habitantes.
Coordinación integral como factor diferencial
La singularidad del modelo reside en la coordinación estrecha entre atención médica y recursos sociales orientados a garantizar vivienda adecuada, inserción laboral, prevención e intervenciones tempranas; también destaca por el compromiso con la defensa de los derechos individuales, el apoyo familiar continuado y la participación activa dentro de la comunidad.
La recuperación se conceptualiza más allá del tratamiento clínico tradicional: está vinculada al desarrollo personal dentro del entorno social propio. Esta colaboración transversal facilita un despliegue adaptado de los apoyos centrados en cada persona.
Datos destacables sobre hospitalizaciones psiquiátricas
Como un indicador tangible de los resultados obtenidos destaca una tasa de ingresos hospitalarios psiquiátricos anuales situada en 0,7 por cada 1.000 habitantes —una cifra tres veces inferior respecto a Cataluña— con una tendencia decreciente confirmada recientemente. Este dato se sitúa muy por debajo de los 3 ingresos por mil habitantes que constituyen el referente europeo habitual; gracias al modelo comunitario implementado se previenen anualmente más de 2.000 ingresos hospitalarios innecesarios.
“Estamos orgullosos del ecosistema de salud mental de Girona, no porque sea perfecto, sino porque demuestra que otra manera de organizar los apoyos es posible”, manifestó Solé ante el Comité.
Más de veinte años sin instituciones psiquiátricas tradicionales
La actual configuración es fruto de una transformación iniciada hace décadas: en los años noventa se puso en marcha gradualmente el cierre del servicio residencial largo plazo vinculado al antiguo Hospital Psiquiátrico de Salt. Este proceso culminaría en 2004 con la apertura simultánea del Hospital Santa Caterina en los terrenos originales del centro anterior y la consolidación del Parc Hospitalari Martí i Julià.
Esta evolución simboliza definitivamente el cambio desde un paradigma que se centraba solo en el ingreso hospitalario hacia un modelo comunitario integrador.
Support-Girona surgió dentro de este contexto impulsada por la IAS con un objetivo claro relacionado con este cierre institucional: “Nos mostró que cerrar una institución es necesario, pero nunca es suficiente”, explicó Solé añadiendo que “Si la misma lógica de control, segregación y sustitución se reproduce en la comunidad, la institución no ha desaparecido realmente; solo ha cambiado de forma”.
Evolución hacia el apoyo basado en derechos individuales
Además, Support-Girona ha detallado ante el Comité cómo ha ido transformándose internamente desde sus inicios —fundada en 2003 antes aunque se aprobara oficialmente la Convención (2006)— cuando prevalecía mayoritariamente un sistema tutelar hacia el modelo actual centrado en dar apoyo respetando los derechos fundamentales y también las voluntades personales.
Sobre este punto crucial referido específicamente al derecho reconocido por el artículo 12 —que garantiza capacidad jurídica igualitaria— Solé señaló: “un método de trabajo diario” que implica modificar prácticas profesionales internas así como relaciones familiares o administrativas. También recalca haber transformado “la manera como entendíamos el poder”.
Retos pendientes: financiación coherente con vida independiente
También se puso énfasis durante esta presentación internacional sobre barreras persistentes en cuanto a los mecanismos financieros públicos actuales. Según Solé, “Muy a menudo, los sistemas de financiación pública todavía premian más las soluciones institucionales que el apoyo comunitario”. Asimismo alertaba contra prácticas donde a menudo resulta económicamente menos costoso ingresar a alguien en centros residenciales que mantenerlo vivo dentro de su casa pero proporcionándole los apoyos necesarios.
Ante esto defiende medidas orientadas para que presupuestos públicos así como criterios de acceso o procesos administrativos sean coherentes estrictamente con el derecho reconocido «a vivir independientemente» formando parte activa dentro de cualquier comunidad.
Apuesta por los profesionales clave del sistema comunitario
Finalmente Solé ha destacado también públicamente durante esta sesión internacional la importancia capital de los profesionales encargados directamente de los servicios comunitarios, haciendo notar la necesidad constante de inversión pública dirigida especialmente hacia el reconocimiento laboral adecuado imprescindible para garantizar sostenibilidad futura.
Ha concluido reafirmando enfocado hacia el objetivo central de la exposición: “La Convención no nos pide solo reconocer los derechos. Nos pide reorganizar la sociedad para que estos derechos se puedan ejercer en la vida real”.
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