Los Mossos d'Esquadra han comunicado al juzgado instructor del doble homicidio de Susqueda que no pueden concluir la investigación porque el pantano se encuentra con un nivel de agua demasiado elevado. Entre las diligencias pendientes, figura la necesidad de identificar los puntos desde donde se podía acceder al embalse con kayak, así como reproducir el recorrido a pie que habría hecho un testigo —ahora ya muerto— hasta la zona conocida como la Font del Borni y la Rierica.
Según el informe policial, el nivel actual del embalse supera el 90%, hecho que hace "imposible" llevar a cabo estos trabajos hasta que el agua baje.
Prueba imposible por exceso de agua
En el último atestado, los agentes han constatado una providencia emitida por el juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners, hace casi un año, donde se advierte que dos pruebas son "materialmente imposibles" por la gran cantidad de agua acumulada. Se trata, primeramente, de localizar los accesos al pantano para hacer kayak y, en segundo lugar, replicar el trayecto realizado por el testigo desaparecido.
La Unidad Central de Personas Desaparecidas (UCPD) de los Mossos señala que ahora mismo el embalse está lleno al 93%, aproximadamente treinta puntos porcentuales más respecto al día de los hechos, el 17 de agosto de 2017. Además, recuerdan que cuando se emitió aquella providencia el nivel superaba el 75%, lo que implica un aumento de ocho metros en la altura del agua.
Limitaciones para reproducir trayectos
A causa de este incremento en la capacidad hídrica, es inviable recrear los movimientos o desplazamientos posibles dentro de las zonas inundadas. Los Mossos explican que solo podrán efectuar estas pruebas cuando el pantano vuelva a los niveles anteriores a los hechos investigados.
Asimismo, remarcan que esta prueba depende también de conocer el estado físico exacto del testigo difunto por causas naturales. En este sentido, apuntan: "Ya solicitamos acceder al historial médico para ajustar mejor la prueba, pero se nos denegó." Por ello se han basado en informes posteriores como la autopsia y datos recogidos por la Unidad de Investigación local.
Otras pruebas ya aportadas
Por otro lado, respecto a otros elementos clave como la ubicación del teléfono móvil de una víctima o la velocidad estimada del vehículo implicado en los hechos, los Mossos confirman haberlos incorporado ya a las actuaciones judiciales.
Retrasos burocráticos y comunicación con el juzgado
En relación con las demoras —la providencia data del 20 de mayo de 2025— los Mossos justifican haber sufrido dificultades administrativas que han ralentizado las respuestas enviadas al juzgado. La UCPD asegura no haber recibido información sobre la negativa a entregar el historial médico hasta ocho meses después de solicitarlo.
Para evitar pérdidas informativas futuras proponen establecer un canal directo e inmediato entre este cuerpo policial y el tribunal responsable.
El abogado defiende cerrar una instrucción pendiente desde hace nueve años
Cabe recordar que los sucesos tuvieron lugar el 24 de agosto cuando dos víctimas jóvenes —de 23 y 21 años— fueron al pantano para hacer kayak; los cuerpos aparecieron un mes más tarde. A pesar de todo esto, todavía hoy sigue abierta una causa judicial compleja durante casi una década y bajo custodia de diez jueces diferentes.
El abogado defensor del único imputado en esta causa criminal, Benet Salellas, ha criticado duramente este último informe policial acusándolo de "alargar una causa estancada." Según él mismo ha manifestado: "Es alarmante y desesperante ver cómo esperan hasta que el pantano vuelva a su nivel original —el cual actualmente está treinta puntos más alto— porque esto podría suponer 'años de espera' solo para hacer dos diligencias". Salellas añade: "Creo firmemente que estas pruebas podrían haberse realizado teniendo en cuenta todos los datos recopilados durante estos años".
Esta defensa reclama formalmente al juzgado fijar una fecha próxima para cerrar definitivamente la instrucción procesal y continuar avanzando sin dilaciones innecesarias. También propone incorporar posteriormente aquellas diligencias pendientes cuando sea viable llevarlas a cabo.
El letrado recuerda con insistencia: "Hace nueve años de los hechos y ocho desde que se suspende cualquier resolución definitiva contra quien está siendo investigado", poniendo énfasis en "la voluntad evidente de los responsables investigadores para que este caso continúe sin respuesta efectiva," aduciendo falta suficientemente sólida para llevarlo ante un tribunal penal.
