Dos acusados de matar al hombre encontrado al borde de una carretera en Cabanelles (Alt Empordà) el 28 de febrero de 2021 se enfrentan a 25 años de prisión cada uno por asesinato. Las acusaciones sostienen que los tres hombres coincidieron en una fiesta que se hizo la noche anterior en Vilafant, cuando la víctima fue a una celebración organizada por su socio de un taller situado en el camino Viejo de Avinyonet. El hombre llegó allí, acompañado de un amigo sobre las once y media de la noche.
Según las acusaciones, los dos procesados discutieron con la víctima y le dieron una paliza que lo dejó inconsciente. Más tarde, lo cargaron en un coche, lo llevaron hasta Cabanelles y lo remataron degollándolo. Un ciclista localizó el cuerpo al mediodía. La fiscalía los acusa de un delito de asesinato y solicita 24 años de prisión para cada uno. La acusación particular, en nombre de la familia de la víctima y encabezada por el letrado Sergio Noguero, eleva la petición a 25 años por el mismo delito. El abogado de la defensa, Joaquim Bech de Careda, pide la absolución.
Una fiesta mortal
Los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones sostienen que la tarde-noche del 27 de febrero de 2021, el socio de la víctima decidió invitar a una serie de personas a su casa, un domicilio situado a escasos metros del taller en el camino Viejo de Avinyonet del municipio de Vilafant para una celebración. Entre los invitados estaban los dos acusados, que llegaron a la vivienda poco después de las ocho de la tarde y sobre las 23.30 horas la víctima se "unió a la fiesta", acompañado de un amigo.
El amigo se marchó poco después y las acusaciones sostienen que, a lo largo de la noche y por motivos "que se desconocen", los dos acusados y la víctima comenzaron a discutir. Según la fiscalía y la acusación particular, durante la disputa los dos procesados actuaron "de común acuerdo" y propinaron "un conjunto de golpes" a la víctima que lo dejaron "en estado de inconsciencia": "Actuaron con la intención de acabar con su vida, o al menos representándose como probable que pudieran hacerlo".
Después de darle la paliza, las acusaciones sostienen que sobre las 3.30 de la madrugada, ya del 28 de febrero, los procesados cargaron el cuerpo de la víctima en un coche propiedad de uno de ellos y fueron a bordo de dos vehículos hasta la carretera GI-5237, en el término municipal de Cabanelles. "Lo extrajeron del automóvil y lo arrojaron al borde. En este momento, y con intención nuevamente de acabar con su vida, utilizaron un arma blanca y lo degollaron", relatan en el escrito de acusación.
La fiscalía y la familia de la víctima resaltan que el hombre no tuvo ninguna posibilidad de defenderse "de ninguna manera" porque estaba inconsciente como consecuencia de los golpes. También aseguran que se prevalieron de la superioridad numérica porque eran dos contra uno. El hombre murió por shock traumático por los golpes que le propinaron y por el degollamiento posterior. La autopsia reveló que la víctima tenía hasta 29 lesiones traumáticas y cinco heridas por arma blanca.
Según trascendió en el momento de los hechos, un ciclista encontró a la víctima en la carretera que va al santuario de la Mare de Déu del Mont. Los servicios de emergencias recibieron el aviso sobre las 11.40 del 28 de febrero. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de Tráfico de los Mossos porque en un primer momento se sospechaba que podía haber sido víctima de un atropello. Una vez allí, sin embargo, comprobaron que el hombre tenía heridas que apuntaban a una muerte criminal.
Diez meses de investigación
Después de casi diez meses de investigación, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra desplegó un operativo que se saldó con la detención de cinco sospechosos por su presunta vinculación con el crimen. Todos ellos estuvieron en la fiesta que tuvo lugar en una casa de Vilafant cercana al taller mecánico que regentaba la víctima con el socio. Los detenidos pasaron a disposición judicial y salieron en libertad. Ninguno de ellos era, según la investigación, autor material de la agresión mortal.
El juzgado de instrucción 7 de Figueres dictó órdenes europeas de detención y entrega contra los dos presuntos asesinos. A uno lo localizaron y arrestaron el 23 de diciembre de 2021 en Amberes (Bélgica) y al otro lo detuvieron en Bucarest (Rumanía) el 5 de enero de 2022.
El segundo sospechoso, sin embargo, no es uno de los acusados. Días después de la detención, su padre compareció voluntariamente en el juzgado de instrucción y exculpó al hijo, que entonces estaba pendiente de extradición. El hombre afirmó que fue él quien estuvo presente en la barbacoa y reconoció que presenció la pelea.
La defensa del hijo, encabezada por el letrado Joaquim Bech de Careda, solicitó entonces que se suspendiera la orden de entrega al país. El sospechoso aportó dos vídeos de cámaras de la Dirección Regional de Carreteras de Constanza para acreditar que no estaba en el país el día de los hechos. En la primera grabación, fechada a las 16.31 horas del 27 de febrero de 2021, se veía al investigado yendo de copiloto de un vehículo. En el segundo, del día siguiente al mediodía, las cámaras grabaron el mismo coche circulando por la red viaria de Rumanía.
Con esta información nueva, los Mossos ampliaron la investigación y concluyeron que "podría haber sido el padre y no el hijo" la persona implicada en los hechos. Los investigadores remarcaban que tanto el coche como el teléfono móvil que habían vinculado al sospechoso están a nombre del padre y que, por eso, el caso se dirigió de entrada contra él, pero que la identificación de un testigo hizo girar las sospechas hacia el hijo.
Finalmente, el juzgado exoneró al hijo y será el padre quien se sentará en el banquillo de los acusados. El caso, que lo juzgará un jurado popular, llegará a juicio en la Audiencia de Girona. Las acusaciones han solicitado que los arrestados en la operación de diciembre de 2021 declaren como testigos porque estuvieron en la fiesta que acabó con la muerte de la víctima, pero la investigación no los vincula con el ataque mortal.
La víctima tenía como familiares cercanos a su madre, que vivía en Marruecos, y cinco hermanos. Aparte de la pena de prisión, las acusaciones quieren que los procesados los indemnicen con 340.000 euros por el daño moral sufrido.
