El Ayuntamiento de Girona incrementará el control sobre el padrón y lo hará depender directamente de Secretaría para actuar sobre "los fraudes y las mafias". Actualmente se lleva desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía, en manos de Guanyem. La vicealcaldesa Gemma Geis (Junts) ha explicado que, a instancia suya, el cambio se hará efectivo "en los próximos días" a través de un decreto, y que este "control directo" desde secretaría ayudará a hacer llegar las ilegalidades a la fiscalía. "Entendemos que los derechos y deberes están muy lejos de los fraudes y las mafias", ha dicho Geis. La vicealcaldesa también ha anunciado que Junts condicionará su apoyo a los presupuestos municipales de 2026 a que haya "un incremento" en las partidas destinadas a seguridad.
La vicealcaldesa de Girona ha hecho una atención a los medios ante el edificio ocupado de la calle Tomàs Mieres, que está pendiente de desalojarse y que en los últimos meses ha sido foco de conflicto. De hecho, este es uno de los puntos donde la Policía Municipal y los Mossos d'Esquadra han reforzado su presencia, ante las peleas y los delitos que se registraban en la zona.
"Girona no puede ser un refugio de multireincidentes, y ningún vecino debe tener miedo de vivirlo al lado de casa", ha afirmado Gemma Geis. Por eso, la vicealcaldesa ha anunciado tres medidas desde Junts en materia de seguridad. La primera hace referencia a los presupuestos; la segunda, al control del padrón, y la tercera, al acceso de la Policía Municipal a las bases de multireincidentes.
De entrada, Geis ha anunciado que Junts condicionará la aprobación de las cuentas municipales para 2026 a que se incrementen las partidas destinadas "a fortalecer la seguridad en la ciudad". En concreto, la vicealcaldesa se ha referido a incorporar más tecnología a la comisaría de Bacià y a aumentar la plantilla de la Policía Municipal.
"Es una medida de exigencia", ha dicho, en referencia a las negociaciones para el presupuesto dentro del gobierno a tres (Guanyem, Junts y ERC). "Precisamente como formamos parte del gobierno, la ciudadanía tiene todo el derecho a conocer cuál es el posicionamiento de Junts", ha añadido.
El padrón, desde Secretaría
En paralelo, y a instancia suya, la vicealcaldesa también ha anunciado que el ayuntamiento hará cambios en el padrón para actuar "sobre los fraudes y las mafias". En concreto, como ya pasaba hasta 2023, el padrón pasará a depender directamente desde Secretaría. La vicealcaldesa ha subrayado que, de este modo, cuando se detecte "cualquier abuso", este "control directo" permitirá acelerar que el caso se pueda enviar a fiscalía.
Actualmente el padrón cuelga de la concejalía de Atención a la Ciudadanía, que lleva Queralt Vila (Guanyem). Geis ha explicado que espera que el cambio se haga efectivo "en los próximos días" -a través de un decreto de alcaldía- y que, en la práctica, esto supondrá "fortalecer" la gestión del padrón. Porque el personal de la Oficina de Atención a la Ciudadanía tendrá "siempre el canal abierto" con el secretario del consistorio cuando detecten sospechas de irregularidades.
"El secretario es quien conoce la legislación y, por tanto, dará más seguridad a la hora de garantizar el derecho al empadronamiento", ha afirmado. "Pero ante determinadas praxis como abusos o mafias, también se podrá actuar mucho más rápidamente", ha añadido la vicealcaldesa.
Datos de los multireincidentes
Por último, la vicealcaldesa de Girona también ha anunciado que Junts ha cerrado "un acuerdo político" en el Congreso para que la Policía Municipal pueda tener acceso a la base de datos de los multireincidentes. El Ministerio de Justicia la abrió a las policías de aquellas ciudades más grandes -de más de 150.000 habitantes- y Girona había quedado fuera.
Geis ha dicho, sin embargo, que acordaron con la exalcaldesa y actual diputada en el Congreso Marta Madrenas "presionar" para que la Policía Municipal también pudiera acceder al listado. "Tenemos una policía robusta, fuerte y preparada", ha subrayado la vicealcaldesa, diciendo que ahora ya se ha cerrado el pacto en Madrid, y que el ayuntamiento debe hacer "la tramitación" correspondiente para que sea un hecho.