La Red Vecinal del Raval ha denunciado un repunte de narcopisos en el barrio en los últimos tres meses y ha advertido al Ayuntamiento de Barcelona de que con la presión policial y el Plan Endreça no es suficiente para acabar con el fenómeno. “Si llenamos el barrio de vecinos de clase trabajadora, este fenómeno se reducirá”, defiende la entidad, que reclama más políticas sociales para abordar las causas de fondo del problema.
Aunque el Ayuntamiento asegura que actualmente hay menos de diez puntos de venta y consumo de droga activos en la ciudad —muy lejos de los más de cien que había en los años 2017 y 2018—, los vecinos afirman que en el Raval la situación ha empeorado en los últimos meses. Ángel Cordero, miembro de la Xarxa Veïnal, considera que el consistorio ha “dado por perdido el barrio”. “No vemos que este Ayuntamiento tenga la valentía o la voluntad de resolver los problemas”, ha declarado a la ACN.
Cordero ha criticado el Plan Endreça, que según él refuerza una visión “estigmatizadora” del barrio, ya que “vincula la delincuencia con la pobreza y con la suciedad, y esto alimenta discursos de la extrema derecha que criminalizan la inmigración y las clases populares”. Además, asegura que este enfoque no soluciona la problemática, sino que la “desplaza” dentro del mismo barrio o hacia otras zonas.
Para el portavoz vecinal, la solución pasa por actuar sobre las causas estructurales: “El Raval tiene problemas graves relacionados con la vivienda, la salud, la educación y las desigualdades. Si llenamos el barrio de vecinos de clase trabajadora, este fenómeno se reducirá. Lo demostramos: allí donde poníamos a una familia a vivir, desaparecía el punto de venta”.
Desde el Ayuntamiento, el teniente de alcaldía y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, defiende el trabajo realizado para combatir los narcopisos. Según datos municipales, durante el primer semestre de 2025 se han desmantelado 71 puntos de venta y consumo de droga en la ciudad, 46 de los cuales derivados de investigaciones policiales. De estos, se han devuelto 30 domicilios a sus propietarios, y el número de detenidos por tráfico de drogas vinculados a esta tipología de delitos se eleva a 94 personas. En total, se han realizado 1.280 detenciones por delitos contra la salud pública, un 23,9% más que el año anterior.
Batlle asegura que el gobierno municipal “no rehúye el debate sobre la convivencia, sino al contrario”, y destaca la creación del Consejo de Seguridad y Prevención de Ciutat Vella, un nuevo espacio de coordinación entre administraciones, cuerpos policiales y entidades. El nuevo consejo, según el concejal, quiere servir para debatir y trabajar políticas de seguridad y prevención en los barrios, con la posibilidad de crear grupos de trabajo específicos.
La Red Vecinal, sin embargo, no comparte este modelo y considera que se ha perdido participación real. “Ahora solo tenemos comisiones informativas. Nos informan de lo que ellos quieren y ya está”, lamenta Cordero, que asegura que las antiguas mesas de trabajo permitían más implicación del tejido social.
Uno de los casos más recientes que ejemplifica el fenómeno es el de un piso de la calle Guifré. La inmobiliaria Ruby Realties lo alquiló a un italiano por internet, que pagó por adelantado y al cabo de pocos días lo convirtió en un narcopiso. La responsable de la empresa, Rebeca Day, ha explicado que “no era un perfil sospechoso, ni fuera de lo que estamos acostumbrados”. Sin embargo, solo dos días después de la llegada del inquilino, los vecinos alertaron de que el piso se había convertido en un punto de venta de drogas.
“Nos quedamos con el piso ocupado por traficantes”, ha explicado Day, que ha relatado escenas de amenazas, gritos y destrozos en la finca. “Gritaban por los pasillos, amenazaban a los vecinos, rompían puertas, buzones, y venían clientes cada 15 minutos, tocando todos los timbres del bloque”, ha explicado. Incluso, un individuo se instaló en la entrada del inmueble con una cadena para controlar quién accedía al edificio.
El desalojo, que se logró en solo 38 días, ha sido el más rápido que ha visto nunca la responsable de la inmobiliaria. “Lo más rápido que había visto antes eran ocho meses. Esto es récord”, ha asegurado Day, que atribuye el éxito a “la presión sostenida del vecindario y la actuación conjunta de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y el Ayuntamiento”.
A pesar de todo, la situación no se ha resuelto del todo: “Solo han cambiado de acera”, ha lamentado Day, que asegura que los traficantes se han reubicado en otro inmueble de la misma calle. “El hecho de que estos grupos delincuenciales dispongan de un contrato de alquiler, a menudo firmado con identidades falsas, les da derechos legales como inquilinos y es más difícil echarlos”.
Después del desalojo, el piso ha quedado “completamente destruido”. “Tenemos que vaciarlo todo, no queda ningún mueble aprovechable. Han quemado cosas, hecho agujeros en las paredes, destruido la cocina... tendremos que hacer una reforma y pintar”, ha explicado Day, que ahora estudia si volverlo a alquilar o ponerlo a la venta.
El problema también afecta al comercio local. Yasir, propietario de un café en la esquina de la calle Guifré, admite que “los narcopisos generan mucho miedo. Antes lo teníamos en el número 1, ahora solo han cambiado de acera”. Y añade: “La sensación de inseguridad es muy grande”. Santi, encargado de una ferretería cercana, coincide: “La situación es complicada, sobre todo de noche”, y asegura que “a menudo hay peleas, gritos y gente extraña que hace que los vecinos no se sientan a gusto”.
