Pasado un mes desde la aparición de un socavón estructural vinculado a las obras de la L9 del metro, los vecinos de los inmuebles afectados continúan viviendo con “desconfianza” e “incertidumbre”. El incidente, que obligó al desalojo de unas 300 personas y afectó a una decena de locales comerciales, mantiene aún paralizado el retorno total de los residentes. Las tareas para consolidar el terreno prosiguen después de que se detectara una nueva grieta estructural, lo que alargará hasta septiembre la vuelta aproximada del 40% de los habitantes.
Desconfianza hacia los certificados técnicos
Los vecinos cuestionan la validez de los informes técnicos que aseguran la seguridad de los edificios y demandan una auditoría independiente. En palabras de Josep Maria Olivé, copropietario del bloque situado en la calle Rubinstein, número 6, “los técnicos no nos dan confianza porque son los mismos que han llevado las obras y aquí ha habido una negligencia”. Este sentimiento es compartido entre muchos afectados, que rechazan el certificado emitido por los responsables de los trabajos.
El origen del socavón: movimientos de tierra detectados el 7 de julio
A primera hora de la mañana del pasado 7 de julio, a las 7:20 h, se observaron movimientos en el subsuelo que provocaron un agujero de unos ocho metros de largo por cuatro de ancho en un patio interior de una manzana de casas. Esta cavidad se formó tras el paso de la tuneladora encargada de ejecutar el trazado hasta Lesseps, previsto para este año. Los terrenos ya estaban catalogados como sensibles según estudios geológicos previos.
Desalojo progresivo y ampliación de los plazos previstos
El derrumbe implicó el desalojo inmediato de los inmuebles en los números 2, 4 y 6 de la calle Rubinstein, así como en los números 3 y 5 de la calle Teodora Lamadrid. Inicialmente se preveía un retorno rápido en tres días; pero esta fecha se ha ido prorrogando a medida que se han realizado nuevos trabajos para estabilizar el suelo.
“Primero dijeron tres días, después una semana y todavía están inyectando (hormigón). No hace más que desconfianza. Ellos sabían que el terreno no estaba en condiciones ideales y decidieron tirar adelante con la tuneladora”, ha dicho Olivé.
Algunos de los vecinos que ya pueden volver a sus casas no lo han hecho porque no se fían del certificado de los técnicos de la obra que aseguran que el terreno es seguro porque son “los mismos” que llevaron a cabo los trabajos de la L9 que han provocado el socavón. Por ello, reclaman un “informe técnico para comprobar que el edificio está en condiciones para vivir” hecho por una empresa externa. “Que lo digan con sus técnicos no es suficiente”, ha dicho. La petición es una de las varias que está negociando a través de la plataforma de afectados con el asesoramiento de la abogada Carmen Pérez Pozo Toledano, que representa a los vecinos y que también participó en las reclamaciones colectivas por el colapso del Carmel.
Entre los elementos que generan preocupación a los vecinos están las grietas que se están encontrando en lugares como la calle Mandri, Sant Gervasi, en el convento de las Monjas y también el socavón estructural detectado la semana pasada. “Las administraciones quieren que entremos rápido a los edificios para poder decir que el problema no es tan grande, pero las cosas son como son”, ha añadido Olivé. De hecho, en la finca donde reside ya se encontraron grietas tres días antes del socavón y sigue habiéndolas en lugares como el garaje.
“El mes de mayo ya empezó y han crecido y se han ido dilatando. Esto demuestra que hay movimientos de tierras”, ha explicado Emili Olivé, copropietario del mismo bloque, haciendo referencia a las grietas.
Precisamente, él es uno de los vecinos que han estado alojados en hoteles y hostales. “Estamos como en una cárcel o haciendo ejercicios espirituales. Estás encerrado en una habitación”, ha dicho. En algunos alojamientos no cuentan con cocineros y se tienen que desplazar a otros hoteles para poder comer o cenar.
Notan una bajada del 25% en las ventas
La situación afecta al comercio de la zona, tanto al que está cerrado y tiene que hacer frente al pago de facturas y nóminas igualmente como al que está abierto, pero nota un descenso del tránsito de gente que pasa por estas calles.
La ferretería Peña, ubicada cerca del cruce de las calles Teodora Lamadrid y Castanyer, ha notado un descenso de las ventas de un 25% en comparación con un mes habitual. Pilar Peña, propietaria del negocio, asegura que, por las alteraciones viarias a causa de las obras, muchos de sus clientes han dejado de venir.
"Desde el paseo de Sant Gervasi hacia arriba no hay comercios y todo el mundo baja en coche. Aquí es muy fácil pararse un momento y bajar", desgrana. También vincula la caída de facturación por las vacaciones de verano. "Entiendo que mucha gente (...) ha dicho: 'me voy, no me quedo aquí'. Se ha hecho complicado el barrio", añade.
Ahora bien, Peña celebra poder mantener la persiana subida, porque "peor lo están pasando los que han tenido que cerrar", como la pizzería Verona, regentada por Domingo Fínez. De hecho, el socavón se produjo en el interior de su restaurante, por donde ahora, un mes después, los operarios entran y salen cargados de material.
"Te sientes perdido y te entran nervios, pero al ver que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona lo están dando todo, me empiezo a relajar", agradece Fínez, que espera cobrar esta semana las ayudas públicas para sufragar los gastos derivados del cierre. Hasta el momento, sin embargo, ha podido pagar las nóminas de los ocho trabajadores que tiene.
De hecho, unos 16 comerciantes recibirán un crédito del Institut Català de Finances (ICF), en concepto de gastos ordinarios (alquileres, retribuciones, vencimientos de recibos), “para poder hacer frente ahora y que irán contra futuras indemnizaciones a las que tendrán derecho”.
El traspié producido por el socavón también llega al ámbito personal. Para Fínez, este primer mes desde el incidente se ha caracterizado por los "altibajos". "Esta noche he tenido uno de los fuertes", reconoce, porque ha soñado que estaba dentro de su local cuando se hundía el techo.
Preguntado por cuándo espera poder volver a abrir la Verona, Fínez subraya que se van celebrando reuniones con la administración para saber la evolución de las obras; la próxima, este viernes. "Nos dirán algo más, pero, vamos, en agosto de momento no lo ven (la posibilidad de abrir)", se resigna.
Isabel Torres, propietaria de la Tintorería Torres -con 74 años de historia-, manifiesta las "dudas y miedos" que tiene el vecindario sobre un posible regreso a casa. Sostiene que la clientela, que puede seguir comprando en el negocio porque ha permanecido abierto, "tiene miedo de venir" y muchos problemas para aparcar el coche cerca del local.
Torres cree que habrá "un antes y un después" porque la ciudadanía "no se fía" de las administraciones. "Si hubiera más claridad, quizás sí que lo harían. De hecho, en la esquina hubo un socavón y está bien cimentado, desde hace 64 años, y no pasa nada, la gente va y viene", concluye.
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