Cerca de la plaza de Sants, la calle de Salou aún conserva el espíritu de un antiguo pasaje obrero con casitas bajas y edificios de finales del siglo XIX. En el número 7 de esta vía tranquila, una finca datada de 1877, familias han hecho vida durante décadas. Algunas, como Rosa Rosa y Yolanda Vidal, residen allí desde hace más de treinta años. Pero lo que había sido un refugio estable se encuentra ahora en el punto de mira de la especulación inmobiliaria.
De la calma a la amenaza de desahucio
Durante años, los contratos de alquiler se renovaron de manera automática sin grandes incidencias. La relación con la familia propietaria histórica, los Punsola, era mínima y los inquilinos asumían prácticamente todas las reparaciones. Incluso el edificio funcionó durante décadas con depósitos de agua en la azotea en vez de contadores. Todo cambió en septiembre de 2023, cuando las familias recibieron notificaciones con subidas de alquiler y, poco después, la noticia de que el inmueble pasaba a manos de gestores externos.
En cuestión de meses, el edificio fue vendido al fondo Second House, un grupo con más de una decena de bloques repartidos por Barcelona y señalado por entidades vecinales y por el Sindicato de Inquilinos por su estrategia de compra, vaciado y revalorización de edificios enteros. Los nuevos gestores han sido claros con los inquilinos: quieren el edificio vacío antes de acabar el 2025.
Obras y presión sobre los inquilinos
Las primeras actuaciones han sido visibles: reforma de la fachada posterior, instalación de nuevos bajantes y remodelación de un piso ya vacío. A pesar de la mejora de la red de agua corriente, los vecinos denuncian falta de transparencia y el hecho de que aún no disponen de contadores. Paralelamente, dos contratos ya han vencido y un tercero expira este octubre, con la amenaza de desahucio sobre la mesa.
La propiedad rechaza negociar de manera colectiva y solo ofrece soluciones individuales: compra del piso “por debajo de precio de mercado”, indemnizaciones de entre 5.000 y 10.000 euros o realojamientos que, según los afectados, no se adaptan a sus necesidades. “Nos pedían 255.000 euros por un piso sin reformar; es inviable”, lamenta públicamente y ante los medios de comunicación Vidal.
Un frente vecinal que se organiza
Los vecinos han encontrado apoyo en el Grupo de Vivienda de Sants, que les asesora en su lucha. Han colgado pancartas en la fachada y denuncian públicamente la operación especulativa. La situación recuerda los casos de los bloques de la calle de Tapioles (Poble-sec) y de en Cortines (Ciutat Vella), también en manos de Second House. En aquellos inmuebles, después de dos años de resistencia, los inquilinos lograron forzar a la propiedad a renovar contratos y a firmar alquileres sociales.
Este precedente alimenta la esperanza de los afectados de la calle de Salou, que aspiran a replicar aquella victoria colectiva. “Resistiremos hasta el final”, asegura Vidal, convencida de que la presión y la organización vecinal son la única vía para frenar la expulsión.
Una historia que refleja una tendencia
El caso de la calle de Salou no es aislado. La entrada de fondos de inversión al mercado residencial de Barcelona continúa generando conflictos y movilizaciones vecinales. La tensión entre la lógica financiera y el derecho a la vivienda vuelve a hacerse visible en una pequeña calle de Sants que, a pesar de su aire tranquilo y alejado del tráfico, se ha convertido en nuevo escenario de una batalla por la permanencia.