Vecinos del edificio parcialmente derrumbado este jueves en la calle Granada de Badalona, en el barrio de La Pau, denuncian que hace cuatro años que reclaman a los propietarios y al Ayuntamiento que actúen sobre el inmueble. Según explican, la situación se ha ido deteriorando progresivamente hasta el colapso parcial registrado esta semana.
El origen de los problemas se remonta al 10 de marzo de 2022, cuando la parte de una terraza del edificio cedió y las ocho familias que vivían allí fueron desalojadas. Desde entonces, el inmueble ha quedado deshabitado, a pesar de que los vecinos de los bloques adyacentes aseguran que ha habido entradas furtivas de personas que habrían accedido para robar, además de problemas de plagas de escarabajos y ratas.
“Hace cuatro años que pedimos que la derriben, hemos hecho instancias y quejas al Ayuntamiento, en nuestro bloque han aparecido grietas y humedades, incluso vino un arquitecto y nos han puesto sistemas de sujeción”, ha explicado una de las vecinas del bloque adyacente, Elena Navarro. La misma vecina ha relatado el último incidente: “Oímos un golpe y se levantó polvo, salimos corriendo en pijama todos fuera del edificio pensando que era una explosión”.
Según los testimonios, el episodio de este jueves alrededor de las 20:00 horas provocó el desalojo preventivo de una treintena de vecinos de los números 20 y 24 de la calle Granada y del 51 de la calle Litz. No es, sin embargo, el primer aviso reciente: la semana pasada la Guardia Urbana ya intervino después de detectar entradas de personas en el inmueble, y algunos vecinos sospechan que podría haber personas durmiendo dentro.
Este viernes por la mañana, técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Badalona, encabezados por el director Ramón Díaz, se han desplazado hasta el lugar para inspeccionar el edificio y evaluar posibles afectaciones a los bloques adyacentes. En una primera valoración, el consistorio apunta que los vecinos podrían volver a sus domicilios, ya que el desalojo tendría carácter preventivo.
Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la declaración de emergencia por ruina inminente del inmueble, con el objetivo de poder proceder a su derribo total cuanto antes mejor y evitar nuevas afectaciones. Díaz ha recordado que el consistorio ya tenía expedientes de disciplina urbanística abiertos y que las obligaciones de conservación recaen en la propiedad.
Según ha detallado, en un primer expediente se ordenó apuntalar la cubierta en cinco días, plazo que no se cumplió, y posteriormente se exigió una rehabilitación integral para evitar filtraciones y reforzar los forjados. Ante la inacción de la propiedad, se abrió un segundo expediente de ruina económica con la obligación de rehabilitar o derribar en un plazo de dos años, sin que se ejecutara ninguna de las medidas.
Finalmente, el 24 de marzo se hizo una inspección para avanzar hacia el derribo. Ahora, el consistorio prevé ejecutarlo de manera subsidiaria y repercutir los gastos a la propiedad.
