El Sindicato de Inquilinas, el Grupo de Vivienda de Sants y el Sindicato de Barrio del Poble Sec han denunciado que la empresa Second House se opone a renovar los contratos de alquiler de varios inmuebles en el centro de Barcelona, un caso que consideran un ejemplo claro de "compra especulativa". La polémica afecta a tres fincas situadas en la calle Salou, 7 (Sants); Cortines, 10 (Santa Caterina); y Tapioles, 15 (Poble Sec), donde los inquilinos se enfrentan a la amenaza de expulsión por parte de la propiedad.
Los sindicatos afirman que esta práctica no es un hecho aislado, sino una tendencia creciente que responde a un modelo especulativo donde se compran edificios enteros con inquilinos en el interior para expulsarlos posteriormente y vender los pisos de manera individual a precios mucho más altos. Según las entidades, este fenómeno, conocido como "flipping", se basa en comprar inmuebles, expulsar a los inquilinos, vender los pisos de forma independiente y obtener grandes beneficios.
En el caso de la calle Salou, Second House adquirió el inmueble en 2024 con ocho viviendas, sabiendo que vivían familias arraigadas en el barrio, algunas de las cuales hacía más de 40 años que estaban en las fincas. Actualmente, de las siete familias originales, dos se han marchado, tres se han organizado con el Sindicato y dos están en riesgo de ser desalojadas. Estas familias han recibido un burofax notificándoles que, al finalizar sus contratos, deberán marcharse.
Preocupación por el aumento de las prácticas de "flipping"
Los sindicatos han alertado que, a pesar de los esfuerzos pasados para proteger a los inquilinos, como en el caso de las fincas de Tapioles y Cortines, donde se consiguió la renovación de los contratos de alquiler en diciembre de 2024, las problemáticas vuelven a emerger.
En la finca de Tapioles, por ejemplo, se ha denunciado que un vecino que hace 14 años que vive en el mismo piso se ha enterado de que su vivienda se ha puesto a la venta con él dentro. Al mismo tiempo, en Cortines, los inquilinos se han enfrentado a la necesidad de realojarse durante las obras estructurales, a pesar de que no se ha facilitado la documentación ni las condiciones para garantizar sus derechos.
Una ley que no protege a los inquilinos
Ante esta situación, los sindicatos han pedido la renovación inmediata de todos los contratos de alquiler, sin subidas, y que la empresa asuma las obras de mantenimiento con los realojamientos necesarios para garantizar la seguridad de las familias. Además, han alertado que la propuesta de ley contra las compras especulativas que actualmente se negocia en el Parlamento de Cataluña no prohíbe explícitamente prácticas como el "flipping" ni garantiza la renovación de los contratos en caso de compra de edificios enteros con inquilinos dentro.
Los sindicatos exigen que la legislación prohíba claramente estas prácticas y que se garantice que los inquilinos afectados reciban contratos con condiciones justas. Esto implica que los alquileres se adapten a las circunstancias actuales y no se deje al arbitrio de cada ayuntamiento la decisión de aplicar restricciones.
En definitiva, la lucha de los inquilinos continúa para garantizar su seguridad, sus derechos y el acceso a una vivienda digna ante las prácticas especulativas que están creciendo en la ciudad.