El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Abogados Cristianos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avaló la eutanasia de Noelia, una joven parapléjica de 24 años a quien se le autorizó la muerte digna en verano de 2024, pero que fue paralizada por el recurso de su padre.
El Supremo considera que no hay interés casacional en el recurso. No obstante, la entidad ultraconservadora ha anunciado que presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que el Supremo asegura que el auto no se puede recurrir y es firme.
El Supremo no entra en el fondo del asunto y limita su decisión a cuestiones técnicas, ya que considera que no concurre interés casacional objetivo, y evita así pronunciarse.
Para Abogados Cristianos, este auto "va en la línea que sigue últimamente el Supremo de inadmitir de plano todas las cuestiones contrarias a la ideología del gobierno, a favor de la vida, la familia o la libertad religiosa".
Recuerden que esta inadmisión no supone un aval al procedimiento de eutanasia ni una validación de su legalidad, sino solo una decisión procesal. El mismo auto reconoce la existencia de una irregularidad procedimental “sorprendente y censurable” en la actuación de la llamada dupla médico-jurídica, aunque el Supremo entiende que esta irregularidad no altera el resultado administrativo.
Abogados Cristianos asegura que continúan vigentes las medidas cautelares que suspenden la eutanasia, por lo que, hoy día, no se puede poner fin a la vida de Noelia, a pesar de que el Supremo dice que la decisión es firme.
Así mismo, la entidad mantiene abierta la vía penal contra los miembros de la dupla que aprobaron la eutanasia tras supuestamente fingir un desacuerdo entre ellos para elevar el expediente a la Comisión de Garantía y Evaluación, hechos que son investigados por un presunto delito de prevaricación y falsedad
La organización insiste en que no es admisible que una autorización para acabar con la vida de una persona quede fuera de un control judicial pleno por motivos meramente formales. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, advierte de que la fundación ayudará a la familia a "salvar" la vida de Noelia “hasta donde haga falta” para frenar este caso: “Nos ponemos en el lugar de este padre y esta madre y no podemos rendirnos”. "Si es necesario acudiremos a Estrasburgo. No se puede permitir que se autorice acabar con la vida de una persona sin un control judicial real y efectivo”, concluye.
El auto del TSJC decía que la eutanasia se concedió correctamente, pero admitía que los familiares podían presentar recurso, lo que permitió al padre continuar recurriendo en contra al Supremo y paralizar de momento el suicidio asistido hasta que haya sentencia firme.
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 12 de Barcelona rechazó en marzo del año pasado el recurso del padre contra la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de autorizar la muerte asistida de Noèlia, y ahora el TSJC ha ratificado aquella decisión. Los magistrados consideran que la chica tenía plenas facultades para pedir la eutanasia y que se siguieron todos los requisitos legales y médicos que establece la ley de eutanasia.
Al mismo tiempo, sin embargo, considera que los padres y otras personas legitimadas deben poder recurrir contra la decisión, por si no se han seguido todos los requisitos. En el caso concreto, recuerda que padre e hija mantienen una relación casi diaria y que, por ello, el progenitor tiene derecho a pedir la suspensión de la eutanasia. Dado que se trata de una decisión que no puede tener marcha atrás, el tribunal admite que se suspenda cautelarmente
La joven, nacida en el año 2000, ha intentado suicidarse varias veces desde la adolescencia con la sobreingesta de medicamentos, así como conductas autolesivas. En octubre de 2022 se lanzó desde un quinto piso, lo que le dejó graves secuelas, le provocó pérdida de autonomía y la obliga a moverse en silla de ruedas.
A raíz de aquel intento, ingresó en el hospital Joan XXIII de Tarragona y a partir de febrero de 2023 en la Clínica Guttmann para una pauta de regeneración intensiva para neurorehabilitarla psiquiátricamente. La chica, entre otros, tenía diversos antecedentes patológicos como trastorno límite de la personalidad obsesivocompulsiva con ideación suicida e ideas paranoides. En el informe de alta de junio de 2023 se concretaba que la chica necesitaba ayuda “de forma muy puntual”, estaba médicamente estable y tenía el dolor controlado
La chica, en cambio, alega que tiene doble incontinencia y muchas dificultades para vivir. Además, actualmente ya no puede caminar porque ha perdido fuerza y no tiene sensibilidad por debajo de las rodillas. Además, la medicación para apaciguar el dolor tiene muchos efectos secundarios
Durante aquellos meses de rehabilitación en la Guttmann, la chica ya había dicho que quería iniciar el procedimiento de eutanasia, pero se acordó esperar un año desde el accidente para ver la estabilización de las lesiones y también comprobar si la voluntad era fruto de una frustración temporal o se mantenía en el tiempo. De la Clínica Guttmann pasó al hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Garraf), donde todavía continúa ingresada.
En este último hospital, la Comisión de Ética Asistencial del Alt Penedès-Garraf se reunió en noviembre de 2023, enero de 2024 y abril de 2024 para estudiar la petición, que concluyeron que la chica era consciente de su decisión.
En enero de 2024 se le reconoció un grado de discapacidad del 74% con carácter provisional hasta enero de 2027. En abril de 2024 la chica formalizó la petición de eutanasia, volviendo a ser evaluada psiquiátricamente en junio.
Ante algunas dudas, los dos encargados del informe, un médico y una jurista, decidieron emitir una posición de “desacuerdo” entre ellos para elevar la decisión al plenario de la Comisión de Garantía y Evaluación. Esta posición de desacuerdo era necesaria para poder elevar la cuestión al pleno de la comisión. El pleno de la comisión autorizó la eutanasia el 15 de julio.
El 29 de julio la gerente del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès recibió un correo electrónico donde dos supuestas amigas de la chica decían que ella había cambiado de opinión y adjuntaban una carta manuscrita y elevada ante notario donde ella pedía un aplazamiento de seis meses.
La directora del hospital del Garraf volvió a recordar a la joven que podía echarse atrás en cualquier momento, pero ella le ratificó la intención de acabar con su vida con la eutanasia y dijo que no recordaba haber escrito con lucidez ningún documento donde se echara atrás. De hecho, dijo que dos conocidas de una comunidad religiosa habían entrado en su habitación, la habían despertado y le habían dictado el texto mientras ella aún estaba medio dormida.
Al día siguiente, un notario de Sant Pere de Ribes se entrevistó con la paciente, que le ratificó su voluntad de continuar con el procedimiento. La eutanasia se le debía practicar el 2 de agosto, pero un día antes el juzgado lo paralizó a petición del padre.