La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha enviado este jueves una carta al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en la que le solicita **abrir de manera urgente un equipamiento municipal** cerrado desde hace meses para **alojar a las personas afectadas por el desalojo del B9**. En la misiva, a la que ha tenido acceso la *ACN*, Martínez Bravo recuerda que la resolución judicial establece que es responsabilidad del Ayuntamiento “facilitar los recursos adecuados para los desalojados” y propone que Cáritas y Cruz Roja puedan gestionar el albergue de Can Bofí Vell. “Explorar esta vía permitiría dar una solución satisfactoria para todos, dando cumplimiento a las medidas apuntadas por el juzgado y garantizando al mismo tiempo una atención humanitaria de urgencia”, dice.
La consejera ha remarcado que **una cincuentena de personas han pasado la noche a la intemperie** después del desalojo del miércoles, y que diversas entidades del tercer sector, incluidas Cáritas y Cruz Roja, han mostrado su disponibilidad para abrir y gestionar inmediatamente el equipamiento. Martínez Bravo subraya que el albergue de Can Bofí Vell, cerrado hace meses, “reuniría las condiciones necesarias y permitiría la atención de urgencia de las personas afectadas”.
También ha hecho referencia a la reunión celebrada esta misma tarde con la presencia de la quinta teniente de alcaldía y la dirección de servicios sociales del Ayuntamiento, en la que las entidades han reiterado su disposición a hacerse cargo de la apertura y gestión posterior del centro.
En su carta, la consellera ha asegurado que el Govern está dispuesto a proporcionar “todo el apoyo técnico y recursos necesarios para encontrar una solución lo antes posible y garantizar el buen funcionamiento del centro”.
Según fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, desde el mes de septiembre se han realizado reuniones semanales con los servicios sociales de Badalona para hacer seguimiento de la situación. Se han identificado unas 60 personas de alta vulnerabilidad y se han realizado gestiones para derivarlas a recursos residenciales, de salud mental o para víctimas de violencia machista. Durante el desalojo había un dispositivo de los servicios sociales municipales y del Departamento, y se detectaron 23 nuevos casos entre las 27 personas que aún se encontraban en el edificio.
Las mismas fuentes han destacado que el Govern ha estado trabajando conjuntamente con los servicios sociales de Badalona para buscar soluciones y poner a disposición todos los recursos disponibles. Este jueves, a petición de las entidades del tercer sector, se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento para coordinar una respuesta inmediata y estudiar diferentes alternativas para atender a las personas desalojadas.
Además, el Parlament de Catalunya ha aprobado una moción de los Comuns que insta al ejecutivo y al Ayuntamiento de Badalona a tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar alternativas residenciales a los habitantes del B9, evitando que queden en situación de sinhogarismo en pleno invierno. La cámara también ha reclamado crear un censo único sobre sinhogarismo con “recuentos regulares y diagnósticos actualizados”, y promover estrategias con los ayuntamientos para asegurar el derecho al empadronamiento de las personas en exclusión residencial.
El texto aprobado en el Parlament incluye otras medidas como la inversión en “espacios de día” para que las personas en situación de sinhogarismo puedan resguardarse, así como el refuerzo de los equipos de acompañamiento psicosocial y de salud mental en alojamientos temporales de urgencia. Finalmente, también se ha pedido la creación de una Mesa Nacional de Coordinación de la Campaña Agraria con representación de administraciones locales, organizaciones agrarias, entidades sociales y sindicatos para mejorar la respuesta institucional en estas situaciones.
