Rosario Castillo es la última vecina de la finca ubicada en la calle Entença 69, en el Eixample. Vive en el mismo piso desde el año 1998 y siempre ha pagado el alquiler. Ahora, sin embargo, lo hace estando fuera de contrato y espera con "incertidumbre" y "angustia" su desahucio. A finales de 2021 la propiedad cambió de manos hasta llegar al fondo inversor Vandor, que ha convertido el bloque en un 'coliving' a medida que los vecinos iban marchando o terminaban los contratos de alquiler. El único piso que no se llegó a renovar es donde vive Rosario, ya que en 2023 -cuando vencía su contrato- rechazó marcharse. "Lo veía muy injusto, simplemente ellos querían hacer negocio", dice en una entrevista a la ACN un año después de que la propiedad la demandara, en julio de 2024.
Rosario recuerda bien cómo, desde un principio, la nueva propiedad advirtió ya en 2021 a los vecinos de los 11 pisos del edificio que no les renovaría los contratos. "Fue un impacto brutal porque no nos lo esperábamos", afirma. A ella aún le quedaban dos años y vio cómo el resto de los vecinos iban marchando: "Habían empezado a echar a todo el mundo, no renovaban contratos y se iban". También en ese margen de tiempo comenzaron ya obras en algunos pisos para remodelarlos y adecuarlos al nuevo 'coliving', con más espacios fragmentados.
"Hay inquilinos como Rosario que han decidido plantarse"
Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos, explica que se trata de una "expulsión generalizada", porque afecta a Entença 69 pero también a otros bloques de la ciudad. "Cuando terminan los contratos de alquiler tienes un riesgo muy alto de que el dueño del piso decida no renovarte el contrato para poner un 'coliving' o alquileres de temporada, en cualquier caso, para hacer algo que le salga más a cuenta que seguir alquilando el piso a una persona, a una familia", relata en declaraciones a la ACN.
Rosario decidió esperar, como mínimo, hasta que terminara su contrato de alquiler, que vencía en 2023, para valorar qué hacer. Hasta entonces estuvo buscando pisos en el mismo barrio, de donde no quería marcharse, pero los precios de alquiler eran "desorbitados". "Casi no había oferta y sobre todo había mucha oferta de alquiler de temporada y habitaciones", recuerda.
Después de buscar mucho y no encontrar ninguna alternativa habitacional, Rosario tomó la decisión de no marcharse. "Dije ¿por qué me quieren echar? No lo vi justo, era muy injusto, porque no era un problema de impagos, simplemente ellos querían hacer negocio", reflexiona. Así, a pesar de tener la esperanza de que la propiedad empatizara con su situación, Rosario no consiguió que le renovaran el contrato. Después de recibir un burofax alertándola de la situación, hace un año recibió la notificación de que había sido demandada, una situación que la angustia.
Aragonès destaca que en el contexto actual muchos inquilinos, como Rosario, han decidido "plantarse" cuando se les acaba el contrato y no marcharse "en silencio", sino ofrecer una resistencia. Así, a pesar de estar fuera de contrato y en un proceso judicial que puede terminar con su desahucio, Rosario continúa haciendo vida en el mismo piso de siempre. Con 63 años y actualmente sin trabajar, convive con su hijo de 26 años y continúa pagando mensualmente unos 1.000 euros de alquiler sabiendo que llegará el día en que, previsiblemente, un juez autorice su desahucio. Un proceso judicial que, confiesa, vive con "miedo" porque se ve "en la calle".
Un vacío legal que permite multiplicar el precio
Enric Aragonès subraya que aquí hay "un vacío legal", "un agujero que dejaron expresamente para poder seguir subiendo precios", que son los alquileres de habitaciones, los 'coliving' y los alquileres de temporada. Por eso, indica, se ha creado un "incentivo" para echar a los vecinos: "Si renuevan el contrato deben respetar el mismo precio, pero si echan para poner un alquiler de temporada, pueden poner el precio que les dé la gana".
El portavoz del sindicato explica que un piso, por ejemplo, puede tener un alquiler máximo por ley de 900 euros, pero, en cambio, si lo alquilas por habitaciones, se puede poner cada habitación al precio que se quiera, hasta el punto de encontrarse con que el límite es 900 euros y que cada habitación se esté alquilando a 800, "triplicando o cuadruplicando el precio máximo del piso".
La primera vez que Rosario oyó hablar de un 'coliving' en su bloque no sabía lo que era. Ahora lo conoce de cerca porque ha visto cómo remodelaban los pisos y asegura que en cada piso quizás viven cinco estudiantes o más. "Con reformas que incluso añaden nuevas habitaciones, convierten pisos que tenían un precio máximo en 'colivings' que son casi como hoteles, como apartamentos turísticos individuales a precios desorbitados", dice Aragonès.
En el caso de Entença 69, asegura Rosario, sobre todo viven en el 'coliving' estudiantes jóvenes norteamericanos que vienen a pasar unos meses en Barcelona. Cada uno, dice, puede pagar unos 800 o 900 euros por habitación, un poco menos de lo que paga Rosario por todo el piso. "Pagan entre 6 y 7 veces más de lo que yo estoy pagando", resume. Por eso, ve que el 'coliving' "sale muy a cuenta" a la propiedad. Sobre cómo es convivir allí, dice que los jóvenes hacen mucho ruido, corren por las escaleras y llevan grandes maletas.
Bloques unidos por la misma causa
Cuando Rosario conoció que había un fondo de inversión grande detrás de su edificio decidió buscar ayuda. "El caso de Rosario es paradigmático de cómo se extiende la lucha inquilina. Llegó al sindicato de inquilinos porque era la única persona que quedaba en su bloque viviendo, todo el resto eran 'colivings', y se encontró con que la misma propiedad tenía hasta 14 bloques en la ciudad y conoció a otros inquilinos que estaban a punto de sufrir los mismos procesos de expulsión en otros barrios de la ciudad", explica Aragonès.
Así, todos estos inquilinos se han unido y, para hacer frente a las expulsiones, han decidido "resistir", es decir, no marcharse cuando se les acaba el contrato, hacer visible su situación y exigir una negociación colectiva para conseguir renovar sus contratos. A la vez, "están haciendo visible una situación que requiere una medida tan grande y tan sencilla como es aplicar la regulación de precios y todas las regulaciones del alquiler en el alquiler de habitaciones y en el alquiler de temporada".
De hecho, vecinos de seis bloques de Barcelona se han organizado con el Sindicato de Inquilinos para denunciar "la estrategia de expulsiones sistemáticas" de Vandor, que ha adquirido catorce fincas con 200 pisos en la capital catalana en los últimos años.
Por otra parte, Aragonès señala también que en el caso de Entença 69 y otros bloques los 'colivings' han sido posibles porque se han hecho "grandes rehabilitaciones" donde no se ha aplicado la reserva del 30% para vivienda protegida. "De poco sirven estas normas si no tenemos unas administraciones decididas a hacerlas valer, hacerlas cumplir y a sancionar a todo el mundo que se las salte", concluye.
Mientras tanto, Rosario espera en casa noticias sobre su futuro y lo hace en medio del silencio extraño de estos días, ya que muchos de los pisos del 'coliving' están vacíos durante el verano. Afuera, una pancarta colgada en el balcón continúa bien visible: 'Stop coliving'.