Domingo de julio y temperaturas que rozan los 30 grados. Las playas, como es habitual en esta época del año, presentan altos índices de ocupación, pero muchas de ellas no disponen de servicio de socorrismo. Y no es sólo una realidad en calas aísladas y paradisíacas. En entornos urbanos como el Maresme esto también es una constante. Un ejemplo es un tramo de costa a caballo de Sant Pol de Mar y Calella, donde las playas no tienen vigilancia. Sí que hay, sin embargo, otros servicios como aparcamiento, vías de acceso, chiringuitos o alquiler de hamacas. Los socorristas ven una gran "incongruencia" que pone en riesgo la vida de muchas personas porque se les "invita" a bañarse en zonas no vigiladas, como explica a la ACN el director de Pro-Activa, Oriol Canals.
El debate sobre la necesidad de una ley que regule el sector se intensifica ahora, en el inicio de una temporada de playas que está batiendo récords de ahogamientos. Desde el 15 de junio, cuando se considera que arranca la campaña de playas, ya han muerto en Cataluña una docena de personas, más del doble que el año pasado.
"Empieza a ser alarmante", avisa Canals, que reclama a la Generalitat que impulse una ley que permita "dimensionar" los servicios de salvamento y socorrismo para minimizar las situaciones de riesgo en las playas: "Ya no digo que pongamos vigilancia en todas partes, pero deberíamos identificar las playas de uso prohibido o fijar niveles de riesgo".
Otro de los elementos clave que debería tener la futura ley es la homogeneización de criterios a la hora de definir los servicios. Actualmente, el socorrismo en las playas se establece a criterio de cada municipio y de acuerdo con sus recursos económicos "No hay ninguna normativa que pueda ayudar a estos municipios", se lamenta Canals.
El director de Pro-Activa ha hablado para la ACN desde Sant Pol de Mar, un municipio donde la empresa presta servicio, pero con limitación de recursos. De hecho, de los cuatro kilómetros de playas de Sant Pol de Mar, sólo hay dos kilómetros que tienen vigilancia activa, mientras que el resto se cubre con "servicios reactivos".
"Cuanto más tardas en dar una respuesta, hay menos probabilidades de que la persona pueda salir adelante con vida y esto se da en muchos puntos de Cataluña", se lamenta Canals. Por otro lado, añade, con una vigilancia activa, regulada por ley, se puede evitar que "situaciones de riesgo deriven en situaciones de emergencia".
