La fiscalía ha reclamado una condena de 24 años de prisión para un hombre acusado de corromper y agredir sexualmente de forma continuada a un menor de 16 años, que en aquel momento se encontraba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), actualmente denominada Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
El procedimiento judicial está previsto que comience el próximo jueves ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, después de una investigación instruida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona. Según consta en el relato elaborado por el ministerio público, entre los meses de marzo y abril del 2024, el procesado estableció contacto con la víctima mediante mensajes a su teléfono móvil.
La víctima, que consumía sustancias estupefacientes desde los doce años, residía en aquel período en el Centro de Acogida CODA 1, un equipamiento gestionado por la DGAIA destinado a menores tutelados. Esta situación fue considerada clave por parte del fiscal para que el denunciado aprovechara las condiciones especiales del joven para llevar a cabo los hechos denunciados.
Explotación consciente de una situación vulnerable
La fiscalía señala que el acusado tenía plena consciencia tanto de la minoría de edad, como de los problemas derivados del consumo habitual de drogas así como del estado vulnerable en que se encontraba el menor. Aprovechando esta situación, le suministraba sustancias ilegales —sabiendo que no disponía de los recursos económicos necesarios para adquirirlas— con el objetivo explícito de que accediera a prácticas sexuales diversas.
De acuerdo con las diligencias instructoras, durante este periodo el menor acudiría hasta siete veces al domicilio del procesado. Una vez dentro, este le exigía realizarle felaciones con un comportamiento agresivo. Cuando cumplía estas demandas, recibiría como contraprestación drogas proporcionadas directamente por el denunciante. Por ejemplo, hacia junio del mismo año le facilitó treinta pastillas de MDMA; posteriormente, en julio de 2025 se interceptaron dieciséis unidades aún en posesión del joven.
La actividad ilícita salió a la luz cuando las autoridades intervinieron estas pastillas en manos del menor. Este hecho motivó una entrada y registro domiciliario efectuada el 8 de agosto de 2024, donde se confiscaron diversas cantidades considerables: 4,62 gramos de cocaína con una pureza superior al 86%, 0,5 gramos de ketamina, así como otras dosis adicionales también altamente concentradas junto con una báscula electrónica precisa. El acusado fue arrestado inmediatamente e ingresó provisionalmente en prisión dos días después.
Acusado de tres delitos
El escrito acusatorio considera probados tres tipos penalizados: un delito continuado de corrupción de menores según el artículo 188.4 del Código Penal; un delito contra la salud pública agravado por proveer drogas a los menores conforme el artículo 369; así como un delito agravado de agresión sexual con penetración basándose en la vulnerabilidad específica del joven afectado.
Por estos motivos, reclama una pena combinada integrada de 9 años más multa económica mínima por corrupción y tráfico ilícito a menores, 15 años adicionales por los abusos sexuales, y también propone imponer una medida complementaria consistente en 10 años más libertad vigilada, así como la suspensión definitiva de los derechos parentales y una inhabilitación permanente relacionada con actividades profesionales o personales vinculadas a los niños.
A fin de evitar cualquier contacto directo entre víctima y acusado durante el proceso judicial programado para esta semana próxima, se ha acordado garantizar que no haya interacción visual entre ambas partes mientras se desarrollen las sesiones.
