Los ocupantes de la antigua Caserna de la Guardia Civil de Sabadell tienen de margen hasta el miércoles por la noche para abandonar el espacio donde viven desde hace unos tres meses.
El lunes por la noche, agentes de la Policía Municipal les entregaron una orden de desalojo del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, que les marca un plazo de 48 horas.
El Ayuntamiento advirtió de que el conjunto de edificios del complejo, propiedad del Estado, no eran seguros porque existía riesgo de derrumbe, motivo por el cual avisó primero a los ocupantes y finalmente trasladó la situación a la justicia.
Mientras las familias con menores ya han sido realojadas en una pensión por su condición de vulnerabilidad, el resto estudian qué hacer, y aseguran que no tienen dónde ir.
El Ayuntamiento trasladó hace dos semanas a la cuarentena de ocupantes del espacio que era necesario abandonarlo, dado que los informes de los técnicos municipales advertían de un riesgo de derrumbe.
El edificio data de principios del siglo XX, y la ciudad lo cedió al Estado, que es el propietario a pesar de la voluntad del consistorio de recuperarlo para destinarlo a usos sanitarios y vinculados al hospital Parc Taulí.
Como había familias con menores a cargo, el Ayuntamiento les ha ofrecido una solución de emergencia habitacional para resolver temporalmente su situación, en una pensión donde el planteamiento del consistorio es que se puedan quedar hasta que encuentren una vivienda donde trasladarse.
El resto de personas que quedan en el cuartel, sin embargo aseguran que no saben qué hacer: "No tenemos dónde ir, hoy nos reuniremos para decidir qué hacemos, si nos negamos pueden venir con la policía", explica a la ACN Tino Ferreira, uno de los ocupantes.
La alternativa de volver a vivir en la calle no les gusta, teniendo en cuenta que vienen los meses más fríos del año y porque aseguran que no tienen la seguridad que pueden tener en un espacio cerrado como en el que se encuentran ahora. El aviso, explica
Ferreira, les llegó por la noche: "Vinieron dos policías golpeando con las porras en las puertas, que por miedo la gente no abría", ha relatado Ferreira.
Por su parte, el Ayuntamiento asegura que ante la falta de desalojo voluntario presentó al juzgado la solicitud correspondiente para pedir el desalojo del cuartel.
"La jueza ha valorado el riesgo que hay y ha dictado una orden de desalojo, si en los próximos días las personas que aún están allí no se marchan de manera voluntaria, la policía actuará para dar cumplimiento a la resolución judicial", advierten fuentes municipales.
En esta misma línea, desde el consistorio se está estudiando cada caso para analizar si se puede ofrecer una solución para el resto de ocupantes que aún permanecen en los bloques.
"Se están siguiendo los protocolos, teniendo en cuenta que algunos no estaban dentro de los circuitos de Servicios Sociales, en todo caso, están en marcha los procesos para poder atenderlos y se actuará según la situación de cada uno y los recursos disponibles", concluyen desde el Ayuntamiento.
