El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha manifestado su voluntad de actuar más allá de sus competencias habituales para hacer frente a la problemática de la seguridad. En una entrevista concedida a la ACN, ha interpelado directamente a los sectores de izquierda para que endurecieran las sanciones contra el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas de fuego.
Según ha afirmado: "La izquierda tiene que entender que la seguridad hoy es una demanda que nos hacen los sectores más vulnerables de la sociedad y los barrios más vulnerables de nuestra ciudad y los tenemos que atender". Además, ha criticado la "banalización" del consumo de drogas, añadiendo que cerraría todas las tiendas cannábicas si fuera posible.
Prevención juvenil y acción policial combinadas
Collboni ha destacado que Barcelona ya cuenta con diversos programas enfocados a la prevención entre jóvenes, así como trabajos comunitarios en diferentes barrios. No obstante, ha insistido en que "la política de seguridad no puede basarse solo en la vertiente preventiva", sino que hace falta también poner el acento en medidas penales más estrictas. En palabras suyas: "Cuando nosotros decimos que tenemos que poner el acento ahora en endurecer las penas es porque el resto de cosas también se están haciendo, evidentemente".
Tanto el Ayuntamiento como el Departamento de Interior han reclamado recientemente un aumento significativo de las penas privativas de libertad: pasar de los 2 años actuales a los 5 por tenencia ilícita de armas, así como elevarlas de los 1-3 años a una horquilla entre 6 y 9 años por el tráfico o cultivo masivo de marihuana. Esta propuesta está pendiente del debate en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, Collboni alerta: "Todo el mundo entiende que de la seguridad, si no se ocupa la izquierda, se acaba ocupando la extrema derecha con unos objetivos y unas consecuencias completamente indeseables".
Drogas y videocámaras para mejorar la convivencia
Ante el fenómeno del consumo creciente, denuncia una cierta banalización: "No aportan nada a la ciudad", refiriéndose específicamente a las tiendas cannábicas. Sin embargo, reconoce que "la ley no permite prohibir actividades económicas que no están taxativamente prohibidas".
A nivel policial destaca los esfuerzos realizados hasta ahora, señalando que muchas personas implicadas en delitos con armas han sido detenidas. También pone énfasis en el descenso global de los delitos registrados durante los últimos años gracias a iniciativas como el plan para incorporar hasta 500 nuevas cámaras de videovigilancia antes de 2027.
Alquiler social y regulación para proteger a pequeños propietarios
Sobre vivienda, Collboni reafirma el compromiso municipal poniendo por delante "el derecho a la vivienda" ante otros intereses. Destaca especialmente dos aspectos:
- La regulación de los precios del alquiler funciona: evita subidas abusivas.
- El anuncio sobre prohibición progresiva de los pisos turísticos hasta 2028: provoca ya cambios importantes en el mercado inmobiliario.
Este cambio normativo está provocando también una marcha gradual de los fondos especulativos. Como dice él mismo: "Yo digo adiós porque no es la inversión que queremos en la ciudad".
El alcalde valora positivamente estos avances a pesar de cierto escepticismo social derivado aún de los elevados precios del mercado. En paralelo recalca que se construirán 3.000 viviendas protegidas durante este mandato.
Preguntado sobre posibles restricciones contra compras especulativas debatidas en el Parlament catalán, prefiere no posicionarse pero recuerda: "Tenemos que darle confianza y seguridad al pequeño propietario para que pueda poner su piso en el mercado. Este es un actor fundamental dentro del suministro residencial urbano", añade. E insiste: "Ese pequeño propietario con un piso heredado o comprado hace tiempo debería ser estimado y protegido; no estigmatizado".
Pisos turísticos: transición hacia el mercado residencial regulado
A partir de 2028 se revocarán unas 10.000 licencias turísticas convirtiendo estos inmuebles potencialmente en pisos destinados a vivir en ellos. Collboni admite que los propietarios podrán venderlos o destinarlos al alquiler, pero desea un mercado controlado: "Al final serán pisos para vivir en ellos... Nuestro objetivo es un mercado regulado porque necesitamos estas viviendas disponibles".
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