Un juzgado de Barcelona investiga a un notario de la capital catalana por una veintena de supuestas estafas inmobiliarias a clientes entre 2016 y 2024. El juez investiga a una veintena de personas que habrían tejido una red para estafar a víctimas vulnerables, algunas personas mayores, con discapacidad o problemas psicológicos que pensaban que firmaban un préstamo, pero en realidad firmaban un contrato inmobiliario que era una opción de compra por un precio muy bajo el piso que habían puesto como aval, según han adelantado RAC1 y 'El Periódico' y ha confirmado la ACN. El Colegio Notarial de Cataluña se ha personado como acusación particular, pero el notario sigue ejerciendo y niega la acusación.
En todos los casos la víctima quería un préstamo porque tenía alguna necesidad económica, y encontraron por internet empresas financieras que se lo ponían fácil, especialmente si tenían un piso en propiedad. En pocos días firmaban unos documentos que en realidad eran opciones de compra, aunque muchos no lo sabían. Y además, muy por debajo del precio de mercado. Además, también firmaban un poder irrevocable por el cual el prestamista podía vender el inmueble de forma unilateral y sin informar al propietario.
Con 20 posibles estafas y el notario formalmente investigado por estafa, apropiación indebida, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de dinero, la fiscalía vio suficiente fundamento para apartar a este notario, al menos hasta que la justicia dictamine su grado de responsabilidad, y las víctimas se sumaron a esta petición. Una suspensión cautelar que el juzgado hizo llegar a la Dirección General de Seguridad Jurídica, que depende del Ministerio de Justicia.
Después de analizar la situación, Justicia determinó que no lo podían suspender por el hecho de estar investigado porque la causa está abierta y deben respetar la presunción de inocencia. Dicen que solo se le podría apartar si la jueza hubiera dictado prisión provisional. Es lo que pasó justamente con un anterior notario salpicado por un caso como este. Enrique Peña fue inhabilitado por su implicación en el caso Cocoon, que aún debe juzgarse, y por el cual la fiscalía le pide 16 años de prisión y el CNC, 21.
Pero que no lo puedan suspender cautelarmente no significa quedarse de brazos cruzados. El Ministerio ha pedido al Colegio Notarial de Cataluña que revise el trabajo de este notario de Barcelona para comprobar cómo actúa y que aplique las sanciones disciplinarias que correspondan.
