El Servicio de Salud Pública de la Diputación de Barcelona ha aumentado el número de inspecciones realizadas a los establecimientos alimentarios durante los meses de verano, con el objetivo de impedir intoxicaciones alimentarias y asegurar el cumplimiento normativo.
El año pasado, se llevaron a cabo un total de 1.878 visitas a 111 municipios, mientras que este año ya se ha superado la cifra de un millar de inspecciones repartidas en una ochenta de localidades.
Este servicio está destinado especialmente a los municipios con menos de 10.000 habitantes que no disponen de personal técnico especializado para gestionar esta competencia obligatoria relacionada con la seguridad alimentaria. Esta iniciativa abarca 138 municipios sin técnicos especializados propiamente dichos dedicados exclusivamente a seguridad alimentaria.
Este verano, se ha puesto un énfasis adicional en el control de establecimientos estacionales, como chiringuitos ubicados en las playas o bares situados en piscinas. En estos locales, las inspecciones se centran principalmente en aspectos como el mantenimiento estricto de la cadena de frío, los procesos correctos de descongelación y enfriamiento de los alimentos así como en el control riguroso contra plagas.
El incremento térmico característico del periodo estival eleva considerablemente la posibilidad de que microorganismos patógenos y toxinas se desarrollen en los alimentos, a la vez que favorece la presencia de insectos como moscas o cucarachas. Por este motivo, los establecimientos deben aplicar medidas exhaustivas de higiene y conservación para evitar intoxicaciones y prevenir enfermedades graves asociadas a estas infecciones.
Datos específicos sobre inspecciones realizadas
Hasta el mes de julio, se han efectuado 25 inspecciones a chiringuitos situados en playas, cifra que supera en tres visitas las registradas el año anterior (2025). Paralelamente, se han llevado a cabo 20 controles en bares instalados en piscinas durante el verano, seis más respecto al mismo periodo de 2025.
Además de los establecimientos temporales, se mantiene un seguimiento constante sobre comercios minoristas donde se manipulan alimentos destinados tanto a la venta como al consumo directo: carnicerías, pescaderías, locales dedicados a platos preparados o restaurantes. También se contemplan inspecciones periódicas a puestos ubicados en mercados o ferias ambulantes.
Mantenimiento riguroso de la cadena frigorífica
Un punto clave dentro de los controles es garantizar que la cadena del frío se mantenga ininterrumpida durante todas las fases: almacenamiento, exposición y transporte de los productos alimentarios. La temperatura debe ser estable y adecuada para impedir la expansión microbiana. Durante las visitas se observa con atención si se llevan a cabo correctamente las prácticas recomendadas para descongelar y enfriar alimentos; también se revisan los registros termométricos diarios y el estado operativo de los equipos frigoríficos.
Estructura profesional multidisciplinar
La Diputación cuenta con un equipo formado por profesionales cualificados provenientes de los ámbitos veterinario, tecnología alimentaria, nutrición comunitaria-dietética y farmacia. Cada municipio tiene asignado un referente experto responsable tanto del diseño como de la ejecución de los planes de inspección basados en una valoración previa del riesgo sanitario presente en los establecimientos locales. Este profesional también imparte formación dirigida a los manipuladores de alimentos y ofrece asesoramiento técnico municipal.
La organización temporal y frecuencial de los controles se ajusta según una clasificación del riesgo sanitario determinado por el tipo de actividad comercial desarrollada; grado manipulador de los alimentos; volumen productivo; resultados históricos obtenidos durante anteriores inspecciones; así como circunstancias concretas vinculadas a cambios de titularidad o actividad empresarial o bien denuncias recibidas o sospechas relacionadas con brotes tóxicos.
Evaluación integral durante las inspecciones
Dentro de cada visita se realiza un análisis exhaustivo que incluye: comprobaciones sobre infraestructuras; higiene general y desinfección periódica; trazabilidad completa de los productos comercializados; verificación del correcto funcionamiento de los equipos frigoríficos; condiciones óptimas de los aceites utilizados para freír alimentos; así como prácticas adecuadas relativas a la manipulación segura según normativa vigente.
Ante cualquier deficiencia detectada se suelen indicar inmediatamente medidas correctoras obligatorias para cumplir antes de posibles nuevas revisiones. Cuando existen infracciones graves proponen a los ayuntamientos adoptar acciones administrativas como el decomiso de alimentos caducados o deteriorados, así como iniciar procedimientos sancionadores cuando sea necesario.
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