Un juzgado de Barcelona debe decidir si se prorroga el contrato de Txema Escorsa, inquilino del bloque Sant Agustí 14, en el barrio de Gràcia, o si la propiedad lo desahuciará para convertir el inmueble en un ‘coliving’. La finca es propiedad del fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD), y Txema es el primer de los inquilinos del bloque que llega a juicio.
En Txema defiende que ha continuado pagando el alquiler de 775 euros a pesar de haber sido denunciado y que el contrato continúa vigente. Así, pide la prórroga al ser una zona considerada tensionada, alegando también vulnerabilidad. Según ha explicado, la propiedad se ha negado a prorrogar los contratos porque los inquilinos "no son el perfil que quieren". Afirma: "No hubo negociaciones. Vino directamente la demanda de desahucio".
El bloque tiene 11 pisos, de los cuales quedan cinco con vecinos; cuatro ya funcionan como coliving y dos están vacíos. Txema es uno de los tres vecinos afectados por un proceso de desahucio. En los otros dos casos, se ha aceptado que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero el juez no lo ha hecho con Txema porque, según la autoridad judicial, "no había aportado la documentación que lo acreditaba". Aun así, él asegura haber presentado más de 10 documentos que indican que no se encuentra "en el mejor momento económico".
A raíz de este y otros casos similares, el Sindicato de Inquilinos reclama "blindar la regulación catalana" de los alquileres de temporada y habitaciones, así como garantizar una prórroga de tres años a los contratos situados en zonas tensionadas. La portavoz, Carme Arcarazo, ha subrayado que el caso de Txema es consecuencia de "una ley mal hecha", que deja un "agujero" en el alquiler de temporada y de habitaciones". Según Arcarazo: "Hoy nos encontramos con los resultados: familias enteras que son abocadas a tener que marcharse de casa por el fraccionamiento de pisos para hacer alquileres de habitaciones".
Además, Arcarazo ha criticado los "regalos" del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a los rentistas, a raíz de las bonificaciones al IRPF para propietarios que mantengan el precio del alquiler: "Ningún propietario en Madrid que puede subir un alquiler de 800 a 4.000 euros, si quiere, dejará de hacerlo por una bonificación fiscal del 100%". La portavoz ha concluido que es necesaria una reforma de la ley para acabar con las expulsiones.