Un juzgado de Barcelona ha inadmitido a trámite la querella presentada por diversos colectivos y seis personas afectadas por el uso de gas pimienta por parte de los Mossos d’Esquadra contra activistas propalestinos el 15 de octubre en la capital catalana. La decisión judicial ha sido criticada este martes por Irídia, una de las entidades impulsoras de la acción penal.
La querella, interpuesta el 16 de diciembre, fue rechazada de plano mediante una interlocutoria firmada solo 48 horas después, el 18 de diciembre, aunque no ha sido notificada a las partes hasta este lunes. Las abogadas de los querellantes ya han anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia.
Los hechos denunciados tuvieron lugar en Barcelona, en el marco de la huelga general por Palestina. Cerca de un centenar de personas se encontraban sentadas en actitud de protesta cerca de la estación de Sants cuando, mientras una dotación policial las levantaba una a una, varios agentes decidieron rociarlas con gas pimienta desde el otro extremo.
La magistrada considera que la actuación policial fue ajustada a los protocolos, a pesar de que la propia consellera de Interior, Núria Parlon, ha admitido que el protocolo relativo al uso del gas pimienta se encuentra en revisión. En una respuesta parlamentaria, Parlon hizo referencia reiterada a la guía de uso elaborada por las Naciones Unidas, que establece que “los irritantes químicos no deberían utilizarse en situaciones de resistencia puramente pasiva”, como recuerda Irídia que era el caso.
Las partes denunciantes critican la “ligereza” con la que la magistrada da por válida la actuación policial sin haber admitido a trámite la querella ni practicado ninguna diligencia previa. Para reforzar la inadmisión, la jueza argumenta que no está suficientemente acreditada la causalidad de las lesiones denunciadas ni tampoco es clara la identificación de los agentes actuantes.
Los querellantes son manifestantes, representantes sindicales y profesionales de la comunicación, representados por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC. La querella alega vulneraciones del derecho de huelga, de protesta y de libertad de información, y se dirige contra los agentes que hicieron uso del gas pimienta durante la protesta
Según las entidades, a través de las imágenes disponibles han detectado que tres agentes utilizaron este agente químico, pero no han podido identificarlos, motivo por el cual reclaman al Departamento de Interior que facilite su identificación. También denuncian que estos agentes no llevaban visible el número operativo policial (NOP)
Además, sostienen que la actuación policial “impidió o dificultó” la labor de varios periodistas, vulnerando el derecho a la libertad de información. Entre las denunciantes hay una fotoperiodista, debidamente identificada, que resultó afectada por el gas pimienta, con irritación física que le impidió continuar ejerciendo su trabajo ese día.
